Milán
Estimular el consumo para evitar la recesión. Este es el objetivo del Gobierno de Giorgia Meloni que se ha puesto manos a la obra para elaborar la próxima ley presupuestaria y anunció la subida del techo para los pagos en efectivo. Durante el debate por la moción de confianza en el Senado, la primera ministra italiana confirmó que su Ejecutivo está estudiando subir el importe máximo autorizado, que ahora es de 2.000 euros y que está destinado a bajar hasta 1.000 euros en enero de 2023, fijado por el anterior Gobierno de Mario Draghi. Meloni estaría pensando en subir la cifra hasta los 5.000 euros, a pesar de que su aliados de la Liga pidan un aumento hasta los 10.000 euros.
Favorecer el empleo de efectivo es un tema muy controvertido en un país con una evasión fiscal que roza los 90.000 millones de euros, según los datos del Tesoro transalpino. En un informe de 2021 el Banco de Italia analizó el efecto de la subida del techo de 1.000 a 3.000 euros decidida por el entonces gobierno de centroizquierda de Matteo Renzi: "Un aumento del número de transacciones en efectivo determina una subida de la incidencia de la economía sumergida" declaraba el banco central transalpino, añadiendo que "las restricciones al uso del efectivo pueden ser eficaces en el contraste a la evasión fiscal".
Meloni sin embargo respondió a la protesta de la oposición con el mismo argumento que Renzi: subir el techo del efectivo es clave para sostener la demanda de bienes. La presidente italiana recordó las declaraciones de Pier Carlo Padoan, antiguo economista del OCDE y ministro del centroizquierda que en 2016 subrayaba la falta de correlación entre el techo y la evasión fiscal, mencionando el caso de países como Alemania y Austria, que no ponen límites al uso del efectivo y sin embargo tienen una economía sumergida mucho más pequeña que la italiana. El Gobierno de la derecha italiana además hace hincapié en una carta que el Banco Central Europeo envió en 2019 al Parlamento transalpino, con motivo de la decisión tomada por el Gobierno progresista de Giuseppe Conte, de bajar el empleo autorizado de efectivo de 3.000 a 2.000 euros.
Según explicaba el BCE, las limitaciones a los pagos en efectivo habrían podido crear dificultades a aquella parte de la población italiana que no tenía una cuenta corriente ni otros medios electrónicos para hacer compras y por eso el banco europeo pidió a Italia "demostrar que las limitaciones resultan eficaces en la lucha contra la evasión fiscal".
Estímulos económicos
La subida del techo para los pagos en efectivo se enmarca en el programa de la coalición que apunta a aliviar la presión fiscal sobre autónomos y pequeñas empresas. Meloni anunció también la intención de promover una "paz fiscal", es decir, reducir las multas para las pequeñas deudas fiscales y favorecer la liquidación de los impuestos atrasados a través de pagos a plazos. El Ejecutivo estudia además reducir la carga sobre los autónomos a través de una ampliación del actual impuesto plano del 15 % cuyo límite, en términos de volumen de negocio, pasará de 65.000 a 100.000 euros. Durante su primer discurso, la presidente italiana indicó que el objetivo de su Gobierno es "no molestar quién quiera trabajar".
El viernes el Ejecutivo transalpino aprobará la puesta al día de las previsiones económicas, primer paso del recorrido de la ley presupuestaria. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, Italia obtuvo en el tercer trimestre del año, un crecimiento superior a las expectativas: +0,5%, frente a una esperada contracción del 0,2%, gracias, sobre todo, al turismo y a los servicios. Las previsiones positivas podrían ayudar a Meloni a ganar espacio de maniobra: gracias al empuje de 2022, cuyo crecimiento se situaría al 3,9% según los datos preliminares, Roma podría crecer, en 2023, un 1%, en vez de entrar en recesión.
Además, debido a la labor del Gobierno de Draghi que este año mantuvo el déficit al 3,5% con respeto a la anterior previsión del 4,5%, el nuevo Gobierno tendrá alrededor 10.000 millones adicionales para ayudas y medidas de estímulo: entre 4 y 5.000 millones se usarán, antes de la aprobación de la ley presupuestaria, para prorrogar los subsidios que palian la subida de los precios de la energía para familias y empresas. Los demás recursos podrían emplearse para algunos estímulos fiscales: junto al impuesto plano para los autónomos, el Ejecutivo tiene previsto reducir la carga fiscal y las cotizaciones para los asalariados.
Además, la coalición de derecha prometió suavizar la reforma de pensiones que entrará en vigor en enero, facilitando la salida anticipada del trabajo de algunas categorías. La medida se podría financiar a través de recortes a la renta básica, una ayuda para desempleados y familias bajo el umbral de la pobreza aprobada por los anteriores Gobiernos de izquierdas: el número de ofertas de trabajo que cada receptor puede rechazar antes de perder el subsidio pasaría así de tres a una.
