Economía

Estas son las cinco propuestas de reforma fiscal de IU Aragón

Zaragoza

La formación aboga por la progresividad en el IRPF y recuperar el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable.

Estas son dos de las cinco propuestas que el Coordinador general de IU Aragón y portavoz parlamentario Álvaro Sanz, ya trasladado ya al Gobierno de Javier Lambán en el marco del debate sobre la fiscalidad, que debe ajustarse a los principios establecidos en el artículo 31 de la Constitución Española.

Para IU Aragón, es necesario realizar una valoración de las carencias estructurales que han generado un déficit en las cuentas de Aragón, además de abogar por fijar "un suelo de ingresos" más que un techo de gasto para impedir el continuo adelgazamiento de la capacidad del estado como garante de la redistribución de la riqueza a través de la prestación de servicios básicos más importantes que gestiona Aragón.

En este marco, la formación propone derogar la última ley del impuesto de sucesiones y donaciones, Ley 10/2018, de 6 de septiembre que bonifica y favorece a las grandes fortunas, además de fijar una progresividad y justicia fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). De este modo, el objetivo con esta última medida es que pague más quien más tiene, facilitando que se bajen los impuestos de las rentas inferiores a 50.000 euros, además de implementar subidas paulatinas, aumentando también en tres el número de tramos.

Las propuestas de IU Aragón también recogen el impuesto sobre el patrimonio en el que apuntan a mantener como mínimo las condiciones actuales, rechazando el aumento de las bonificaciones.

Igualmente se propone recuperar el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable para recaudar, por ejemplo, sobre los telesillas que actualmente no está teniendo lugar.

Asimismo propone creación de un nuevo canon medioambiental sobre el impacto paisajístico, ambiental y social de la generación eléctrica para instalaciones de producción de potencia superior a 10 MW, del que estarían exentos el autoconsumo, las cooperativas energéticas y las comunidades energéticas locales.

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