Madrid
El castigo tributario a los llamados ricos que caracteriza a España, ya sea gravando sus rentas o la mera posesión o transmisión de su patrimonio, está muy lejos de ser un fenómeno nuevo, originado por el revés que las nuevas medidas de Hacienda supondrán para estos contribuyentes. Muy al contrario, las comparativas fiscales más recientes de la OCDE demuestran cómo nuestro país se encuentra en el Top 5 de Europa en cuanto a la magnitud del tipo marginal más alto que se aplica en el Impuesto sobre la Renta.
En concreto ocupa el puesto número cuatro de todo el Viejo Continente, con un tipo agregado (sumando el tramo estatal y el propio de la comunidad autónoma que corresponda) del 54%.
Solamente superan a España desde este punto de vista Dinamarca con un 55,9%, seguida de Francia (55,4%) y Austria (55%). Y eso no significa que todos esos países sean más rigurosos en política fiscal. De hecho, así se ve en aspectos como las rentas de capital. "Si bien es cierto que el tipo impositivo marginal en los países de nuestro entorno viene a ser superior al que tenemos en España, no es menos cierto que la presión fiscal que soportan las rentas, especialmente de capital, en nuestro país es más elevada que la media existente en la UE-27", según pone de manifiesto Leonardo Neri, socio del área Fiscal de Montero Aramburu y también socio codirector del despacho.
Volviendo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la comparativa con el promedio tampoco nos beneficia, en la medida en que el IRPF español lo supera en más de diez puntos porcentuales.
No se puede alegar que la elevada exacción sea una característica de las grandes economías de la Unión Monetaria. Dejando a un lado el elevado marginal máximo español y francés, Alemania aplica al tramo más elevado de renta un 47,5%, una tasa muy cercana a la propia de Italia (47,2%).
Imposiciones superiores a los 52 puntos porcentuales
Fuera de la eurozona y de la Unión Europea, destaca también Reino unido con un gravamen máximo del 45%. Las diferencias, como era previsible, se vuelven notablemente más amplia cuando se toma como referencia a las pequeñas economías de Europa del Este y a los países bálticos. En concreto, la comparativa de la OCDE revela que los marginales máximos de menor cuantía se encuentran en Letonia (31%), Eslovaquia (25%), República Checa (23%), Estonia (20%) y el especialmente llamativo 15% de Hungría.
Imposiciones superiores a los 52 puntos porcentuales suele considerarse en el límite de las exacciones confiscatorias, de acuerdo con los fiscalistas del club de los países desarrollados, pero lo cierto es que España cuenta con varias autonomías que se encuentran en esa situación. Es el caso de la Comunidad Valenciana, el territorio que es precisamente el culpable (por su elevado tramo regional) de que se alcance ese 54% que destaca a España entre los países tributariamente más severos con los mayores niveles de renta.
Valencia seguirá liderando
Y la situación no va a cambiar en ese territorio. Es cierto que el presidente valenciano, Ximo Puig, anunció cambios en el IRPF pero estos se limitarán a una deflactación de los tramos para ingresos inferiores a los 60.000 euros anuales. No habrá, por tanto, moderación alguna en los gravámenes para las rentas altas. Es más está por verse si los socios de Gobierno del PSV no reclaman una mayor presión sobre ese tipo de contribuyentes, como moneda de cambio para dar luz verde a la ya anunciada deflactación.
Más allá de la Comunidad Valenciana todavía hay otros territorios que igualan o superan el 50% en su mayor tramo del Impuesto sobre la Renta. Son Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Cataluña.
En esta última autonomía, destacada también durante décadas por sus elevados tipos impositivos, tampoco habrá cambios en lo que a las rentas se refiere, ni siquiera a las propias de los niveles más bajos previstos en el IRPF. No en vano las medidas anunciadas esta semana por el president Pere Aragonès se han quedado en bonificaciones para los hijos escolarizados.
Reducción de medio punto en todos los tramos autonómicos del IRPF que decidió este año en Madrid
Pero nadie puede negar ya que puede hablarse de la existencia de dos Españas desde el punto de vista fiscal, especialmente en lo que concierne al tratamiento de los ciudadanos con rentas más elevadas y no todas ellas están gobernadas por el PP. Por debajo de un tipo del 50%, se encuentran Galicia, Castilla La Mancha y Andalucía con el 47%; Castilla y León con el 46% y, especialmente, Madrid cuyo marginal queda en el 45%.
Y los más recientes anuncios sobre cambios en política fiscal territorial permiten augurar que las diferencias van a continuar ahondándose. En el caso de Asturias y Canarias, se han aligerado las cargas del Impuesto sobre la Renta pero con alcance muy focalizado en las zonas rurales en riesgo de despoblación.
Una estrategia igualmente restringida la adopta Aragón, gobernado por el PSOE, para las áreas con problemas demográficos. Mucho más general es la reducción de medio punto en todos los tramos autonómicos del IRPF que decidió este año Madrid; la bajada del tipo máximo del 48,2 al 47% en Andalucía o Galicia, que simplificó su estructura impositiva pasando de siete a cinco tramos.
En los últimos meses, no obstante, es en el ámbito de la deflactación de tipos donde los populares saben que pueden sacar mayores ventajas en un momento en el que se acercan los comicios de 2023.
Respuesta de Madrid
A escala nacional, el Gobierno central se resiste a actualizar los tipos del Impuesto sobre la Renta según el alto nivel actual de los precios. El Ejecutivo madrileño respondió, en el último Debate sobre el Estado de la Región, adelantando a este ejercicio la deflactación de hasta un 4,1%, que es el nivel ordinario de crecimiento de los costes salariales del INE.
Pero a la de considerar a España una rara avis en el tratamiento fiscal de la riqueza hay que mirar más allá del IRPF y considerar también los efectos que se derivan del Impuesto de Patrimonio.
Pese a que esta figura impositiva tiene una traducción directa al inglés, como Wealth Tax, lo cierto es que son muchos los fiscalistas extranjeros a los que esta tasa resulta difícil de explicar.
Sobre todo en lo que se refiere a su pertinaz supervivencia en unos pocos países de Europa como son Suiza, Noruega y, por descontado, España. Entre los analistas que no ven ninguna utilidad que justifique la pervivencia de este tributo se encuentran, una vez más, los expertos de la OCDE, quienes en múltiples informes no solamente critican un rendimiento que, en términos recaudatorios, es ínfimo.
Además, desde la organización liderada por el australiano Matthias Cormann aseguran que tiene efectos colaterales contraproducentes. En concreto, "los comportamientos de elusión y evasión tributaria se han hecho generalizados en este ámbito". No en vano su misma puesta en funcionamiento y el control que exige son extremadamente dificultosos.
Retroceso de Patrimonio
Es más, el especialista de la organización Tax Foundation, Daniel Bunn, pone de manifiesto el importante retroceso que el Impuesto de Patrimonio ha experimentado en las últimas décadas a escala mundial. Bunn revela cómo eran ocho los países que, dentro de la OCDE, lo aplicaban a finales de la década de los 60 cuando se puede hablar de un cierto auge de esta figura.
Ese número experimentó un incremento, hasta doblar su cuantía en 1996, pero el declive ha sido imparable en los tiempos posteriores, hasta convertirse en el impuesto residual que ahora representa.
Como resultado, Bunn considera que Estados Unidos "debe aprender de estas experiencias" y dejar a un lado todo propósito de crear una figura impositiva semejante. Una reflexión semejante es la que se llevó a cabo en Francia y que ha decantado al país presidido por Emmanuel Macron a deshacerse de esta figura.
En el país vecino se estimó que, en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, la pérdida global neta sobre el conjunto de la recaudación podría ser del doble de los posibles ingresos obtenidos por este impuesto, como consecuencia de la contracción de la actividad que se generaría.
El ya citado experto de Tax Foundation no duda en considerar razonables las crecientes bonificaciones que han acotado el área de influencia del Impuesto de Patrimonio no sólo a escala nacional sino también "regional" en países como España. Nuestro país contará en breve con dos autonomías, Madrid y Andalucía, que tendrán anulado este impuesto a todos los efectos prácticos.
Pero lo cierto es que modo de castigar la riqueza, ya sea con una u otra forma, está muy lejos de perder terreno como se ha demostrado esta semana, con el anuncio de un nuevo Impuesto a la Solidaridad para grandes fortunas que se aplicará a grandes fortunas, a partir de tres millones de euros, con tipos entre el 1,7 y el 3,5%.
En lo que concierne al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Consejo General de Economistas destaca la reducción de la tarifa que aprobó la Junta de Andalucía y la bonificación del 99% para los grupos con vinculación I y II propia de Castilla y León.
Problemas para los herederos
La situación en gran parte de España, sin embargo, dista de estar mejorando. No en vano debe tenerse en cuenta que todavía existen autonomías que gravan la mera transmisión de riqueza a unos tipos inéditos para las economías occidentales al situarse por encima del 80% en algunos casos.
Fuentes de varios bufetes de abogados en territorios como Asturias aseguran que sigue observándose el curioso fenómeno de personas que deciden renunciar a los legados que les corresponden debido a la imposibilidad de hacer frente a las cargas fiscales que conllevan.
Respecto a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Andalucía ha rebajado, con efectos en este ejercicio, el tipo general en ambas modalidades tributarias.
Transmisiones patrimoniales
Mientras que Galicia lo ha hecho específicamente en el apartado de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Y antes de las elecciones de 2023 puede haber más movimientos. No en vano en Castilla y León se especula también con una posible eliminación de Patrimonio en el futuro, al igual que en otras autonomías populares como Murcia.
Para completar el mapa de la fiscalidad española es también importante tener en cuenta el concepto de elevada cuña fiscal española por encima también de la media de la OCDE. Este concepto tributario equivale a la suma de las cotizaciones a la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)? en la OCDE supuso el 34,6% frente al 39,3% en España, lo que posiciona a nuestro país en el grupo que países que más paga.
Algunos países que presentan unos impuestos más bajos al trabajo que España son Dinamarca con una cuña fiscal del 35,2% o Noruega (35,8%). Siempre continuando con las estadísticas del club de los países desarrollados, el hecho de que la cuña fiscal en España supere la media de los países desarrollados se debe a las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que son significativamente más elevadas en nuestro país.
Así, en España las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas suponen el 29,9% del salario bruto, según datos de 2020, frente al 16,3% de media en la OCDE, por lo que nuestro país es el séptimo de un total de 37 analizados con las cotizaciones sociales a cargo de las empresas de cuantía más elevada.
