El Gobierno de Pedro Sánchez presentó ayer su plan fiscal con el que aliviar la elevada tasa de inflación, especialmente a las rentas bajas y medias, subraya Moncloa. Sin embargo, se trata de un paquete de medidas donde queda manifiesto una descompensación entre los 2.300 millones de euros destinados a selectivas rebajas para rentas por debajo de 21.000 euros, frente a una carga impositiva de 4.143 millones, en estimaciones de recaudación, dirigidas en este caso a las grandes fortunas, ahorradores y empresas.
Tal y como ya había avanzado el Palacio del Gobierno, el plan incluye por primera vez, y fuera de la tramitación presupuestaria, un impuesto a la Solidaridad para patrimonios, a partir de tres millones de euros, eso sí, deducibles en aquellas Comunidades donde ya se grava, y por tanto, imputables en las que no, como Madrid y Andalucía. En suma, un plan donde el elemento recaudatorio supone casi el doble que las rebajas fiscales, ya que, concretamente multiplica en 1,75 puntos el escaso alivio fiscal.

Tras el tsunami provocado por la supresión del impuesto de Patrimonio, por parte de Juan Manuel Moreno Bonilla, la reacción del Ejecutivo de coalición se dio a ayer a conocer, sin, en efecto, ninguna deflactación de IRPF como piden oposición, autónomos y empresarios, y como comunidades socialistas como la valenciana acaba de notificar, y como además, Extremadura, Canarias o Navarra pretenden alcanzar.
1.500 millones de solidaridad
El nuevo impuesto diseñado por el Gobierno, a expensas de la aprobación del Parlamento, recibe el nombre de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Con él, el Estado espera recaudar 1.500 millones de euros a partir de 2023. Con efecto temporal -hasta 2024-, al menos así lo señaló ayer la titular de Hacienda, María Jesús Montero, el tributo recae sobre aquellos patrimonios a partir de tres millones de euros, con tres tramos de imposición. De tres a cinco millones, la tasa a los ricos grava un 1,7%. En el siguiente tramo, de cinco a 10, con un 2,1% y, a partir de 10 millones de euros, la tasa sube al 3,5%.
La ministra aprovechó ayer su exposición ante los medios para mantener que el nuevo tributo sobre la Hacienda Pública española y autonómica -pues tiene efecto sobre las competencias de este último ámbito- "evita lo doble imposición, ya que la cuota es deducible del impuesto de Patrimonio", tributo que en la actualidad está cedido, mediante Ley Orgánica a las autonomías. Además, señaló que la medida afectará a 23.000 contribuyentes, un 0,1% del total.
Cambios en el IRPF
La segunda de las actuaciones del plan toca a las rentas de capital o ahorro. De aprobarse los Presupuestos en 2023, a partir del próximo ejercicio se produce un aumento de gravamen, hasta el 27% en las rentas de capital entre 200.000 y 300.000 euros -un punto más-. Asimismo, para rentas de capital superiores a 300.000, el tipo se eleva dos puntos más, hasta el 28%. Con ello, asegura Montero, se pretende reducir la brecha de tributación entre las rentas del trabajo y las del capital. La medida afecta a 17.814 contribuyentes, y eso daría una recaudación al Estado de unos 204 millones, pero ya en 2024, después de las elecciones generales.
También en este capítulo de IRPF, y sin duda la medida en la que el Gobierno ha puesto más énfasis en su defensa por su modelo fiscal, frente a "chamanes y fans de las teorías Laffer", está el aumento por la rendición por rendimientos de trabajo de 18.000 a 21.000 millones, además del mínimo de tributación, que sube de 14.000 a 15.000 euros; algo que en 2028 ya hizo Cristóbal Montoro, cuando llevó a cabo una exención de este impuesto para aquellas rentas inferiores a 14.000 euros y una rebaja progresiva para quienes cobraban entre 14.000 y 18.000 euros.
Esta segunda medida en el ámbito del IRPF, está pensada por parte del Gobierno para el 50% de los contribuyentes, considerando que el salario medio en España es de 21.000 euros. Por otra parte, el impacto de ahorro previsto es de 1.881 millones, también en dos años. Aquí el Gobierno estima que, para trabajadores sin descendientes que cobran 18.000 euros, su ahorro tributario sería de 746 euros al año, argumento utilizado por la ministra de Hacienda para ponderar su modelo fiscal frente al modelo liberal del PP, que en su opinión, apenas devolvería entre 23 y 40 euros a lo sumo.
Y así, y sin más medidas para la clase media, y todavía en el apartado del IRPF, el Gobierno llevará a Presupuestos una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos para autónomos y, elevará del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación de régimen de estimación simplificada de los autónomos. Se trata de un ahorro previsto de 182 millones de euros, plan que Lorenzo Amor -de ATA- tilda de tacaño y ridículo, sobre un total de 1.414.140 beneficiarios.
Menos ayuda para Sociedades
Finalmente, el remate del Plan de Medidas para la Justicia Social, sin la aportación ni información al sector empresarial, se centra en ajustes para Sociedades como la limitación en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados. Medida que afectará a grandes empresas, con carácter temporal, y que, apunta a 3.609 sociedades, con el deseo recaudatorio del Estado, de obtener 2.356 millones de euros.
Moncloa presume de liderar en la UE
La ministra de Hacienda ponderó este jueves las nuevas actuaciones fiscales que piensa acometer el Gobierno de obtener el respaldo de las cámaras parlamentarias, añadiendo además, que el modelo de gestión fiscal de España está liderando este debate en la Unión Europea. Lo afirmó en alusión a impuestos como el que se piensa ejecutar sobre las eléctricas y la banca. Si bien, la semana pasada, fue el propio Gobierno el que tuvo que rectificar y aceptar que tal y como había presentado estos tributos en las Cortes -esencialmente el energético-, debía experimentar un ajuste, pues España grava la facturación y Europa pide hacerlo, pero solo sobre los beneficios extraordinarios.