Madrid
La economía sumergida implica todos aquellos movimientos de dinero de los que la Agencia Tributaria no tienen constancia, por lo que las cantidades que representa no aparecen reflejadas en el Producto Interior Bruto (PIB) del país en el que tienen lugar. Como la componen potenciales maneras de no pagar impuestos, Hacienda las ha declarado como competencia desleal e ilegal respecto a quienes sí siguen las normas.
El atractivo de la economía sumergida seduce tanto a empleadores como a empleados: para los primeros supone realizar su actividad de forma más barata y un ahorro de tributos, y para los segundos implica la posibilidad de llevar a cabo actividades paralelas y cobrar del subsidio de paro a la vez que reciben su sueldo en negro.
En un contexto de alto desempleo, como es habitual en la economía española, hace que muchas personas vean un aliciente para realizar estas actividades fraudulentas.
El impacto de la economía sumergida
Según un estudio de la Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS), la economía sumergida en España pasó de un 12,5% del PIB de media entre 1980 y 1985, a alrededor de un 23,7% en 2011. Un año después, técnicos de Hacienda calculaban que rebajar esta tasa de fraude en un 10% habría supuesto engrosar las arcas del Estado con 38.000 millones de euros anuales.
De acuerdo con un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), actualmente en España esta actividad fraudulenta equivaldría a en torno el 20% del PIB español, muy superior al 13% promedio de la Unión Europea.
Cabe añadir que varios organismos económicos, grupos de inspectores de Hacienda o centros de estudios han decidido darle más importancia a la economía sumergida que las principales instituciones estatales, de ahí que los estudios al respecto no provengan de ministerios. Por ejemplo, los datos que ha aportado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) muestran una gran disparidad entre las Autonomías. El trabajo de la entidad privada ofrece el preocupante porcentaje de casi un 30% de la actividad económica en Extremadura, contra el 16% cuando se trata de Madrid.
Dinero 'bajo el colchón'
Para aquellos que decidan guardar su propio dinero en efectivo en sus hogares, Hacienda tiene dos maneras de percatarse de ello. La primera es el uso de billetes de 500, un papel que ha dejado de emitirse por su vinculación con la financiación del terrorismo y con el blanqueo de capitales. Es por esto que cualquier uso de este billete llamará la atención del fisco.
La segunda es el hecho de retirar o ingresar dinero en una cuenta bancaria por un importe igual o superior a los 3.000 euros, movimiento que igualmente levantará las sospechas de Hacienda.
Cabe añadir que no existe un límite legal que estipule a partir de qué cantidades sea obligatorio declarar las actividades a Hacienda. Sin embargo, los bancos están obligados por la Ley General Tributaria a informar al organismo público, y este a su vez podría exigir al particular o a la entidad responsable una explicación sobre el origen o el destino del dinero.
Llevar efectivo encima
A pesar de que cada vez hay más opciones de pago electrónico, todavía quedan personas que deciden llevar sus carteras 'llenas' de billetes. Esto también posee su propia regulación por parte de la Agenda Tributaria.
Por los mismos motivos de posibilidad de fraude fiscal o de financiación al terrorismo, Hacienda obliga a declarar el dinero que uno lleva encima cuando la cantidad iguala o supera los 10.000 euros (o equivalente en divisa extranjera), y cuando ese dinero efectúa su entrada o salida en territorio nacional.
En caso de no moverse de España la cantidad asciende hasta los 100.000 euros o equivalente. Se debe aclarar que, en los casos de 10.000 y 100.000 euros en efectivo, la persona estará obligada a rellenar un formulario modelo S1.
Vigilancia a los autónomos
Este grupo de trabajadores suele utilizar el pago en efectivo como la vía por la que reciben la mayor parte de sus ingresos. Esto es todavía más destacable en pequeños negocios, así como en trabajos en los que el pago se suele realizar en mano, en el domicilio del comprador.
Como para la Agencia Tributaria el de los autónomos se considera un "sector o modelo de negocio con alto riesgo de existencia de economía sumergida", el Plan Anual de Control Tributario marca distintos grados de control según el tipo de autónomo.
Así, de acuerdo con Autónomos y Emprendedores, aquellos trabajadores por cuenta propia más vigilados en 2022 son los de hostelería y restauración, aquellos dedicados al comercio, quienes tienen su negocio dentro del sector de reformas, los del sector de la construcción, trabajadores en actividades inmobiliarias, y finalmente los autónomos del sector de la recogida de fruta.