"Le digo a los empresarios catalanes: aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones. Aquí no. Allí hay impuesto de Patrimonio. Aquí no. Y aquí no nos vamos a independizar nunca, somos orgullosa parte de España". Palabras de Juanma Moreno hoy, apenas unas horas antes de aprobar en Consejo de Gobierno una rebaja fiscal que incluye la eliminación del Impuesto al Patrimonio, rebajas en el IRPF autonómico (deflactación los tres primeros tramos de renta un 4,3% e incremento en un 4,3% de la cantidades exentas de IRPF) y suspensión del canon del agua, medidas que dejarán en el bolsillo de los ciudadanos 360 millones de euros. En una intervención en un foro de ABC, Moreno ha anunciado además que los presupuestos para 2023 alcanzarán los 45.000 millones de euros, un 12%más que los de 2021 que están prorrogados este año, lo que a su juicio garantiza que no habrá merma en la financiación de servicios públicos sino todo lo contrario.
El anuncio del paquete fiscal se realizó ayer en Madrid y ha causado un terremoto político. Andalucía, insistió el presidente Moreno, se sitúa como la segunda comunidad con fiscalidad más ventajosa, junto a Madrid, lo que le va a permitir "competir" para atraer contribuyentes de rentas altas, aumentar por esta vía la recaudación y financiar mejor los servicios públicos en un presupuesto expansivo. En Andalucía la oposición acusa al Gobierno de favorecer "a los ricos". El Gobierno central lo critica por desatar la competencia entre comunidades.
El ministro Escrivá ha llegado a manifestarse a favor de centralizar la fiscalidad, y ha tenido que ser corregido desde la portavocía del ejecutivo en rueda de prensa posterior a Consejo de Ministros aclarando que opinaba a título personal. Desde el Gobierno andaluz se le ha recordado que las autonomías tienen competencias para bajar impuestos cedidos.
En cambio, los anuncios de Moreno han recibido el aplauso unánime de organizaciones empresariales. Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, reclama al gabinete de Pedro Sánchez que tome nota y que cunda el ejemplo.
El paquete andaluz
La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha explicado que se van a dejar de ingresar 140 millones por el canon del agua, 124,2 por el IRPF y 95 por Patrimonio, y ha subrayado que si a esa cantidad se suman los 540 millones de impacto de las bajadas de impuestos de la anterior legislatura, durante el próximo año 2023, los andaluces van a "disponer de 900 millones de euros de recursos en sus bolsillos que no va a recaudar la Junta".
La supresión del canon del agua afecta prácticamente a todos los andaluces, tanto ciudadanos como empresas, pues va ligada a su factura del agua. Las rebajas en el IRPF son beneficiosas para más de tres millones de contribuyentes, explican en la Consejería de Hacienda. El 82% de los andaluces tributa en los tres primeros tramos (hasta 35.000 euros aproximadamente). Con el 4,3% el gobierno andaluz se anticipa a posibles aumentos del IPC sobre los niveles actuales y así impedir que la subida de salarios derivada de la inflación les suponga más carga fiscal. Además, el incremento en un 4,3% de las cantidades exentas beneficia prácticamente a todos los contribuyentes, indican desde el ejecutivo.
Desde 2019, el Gobierno andaluz ha reducido el número de tramos del IRPF y bajado los tipos impositivos de cada uno de ellos, y ha introducido deducciones en la parte autonómica del impuesto que no existían (por nacimiento de hijos, familias numerosas, gastos educativos, donativos a organizaciones ecologistas, residencia en zonas con problemas de despoblación, adquisición o alquiler de vivienda...), además de la deflactación contemplada en el nuevo decreto ley. También se suprimió Sucesiones y Donaciones.
Patrimonio
La supresión del impuesto del Patrimonio sí afecta directamente a las rentas más altas. Técnicamente no es una supresión (potestad del Gobierno central) sino una bonificación del 100%. Hay unos 17.000 ciudadanos que pagaron este tributo en 2020, con una recaudación superior a los 90 millones de euros.
"El objetivo de esta medida es atraer a nuevos contribuyentes hacia Andalucía y que esta comunidad autónoma se convierta en la residencia fiscal de un mayor número de contribuyentes. Muchos de ellos ya viven en Andalucía, pero no tienen aquí su residencia fiscal. Si la tuvieran, estarían obligados a tributar por el conjunto de sus bienes en todo el mundo", dicen en Hacienda.
En 2019 desaparecieron del censo fiscal andaluz la mitad de los 20 mayores contribuyentes en Patrimonio, lo que supuso una merma de 3,5 millones en la recaudación en este apartado, y otros 14,5 millones en IRPF. La intención del ejecutivo es captar al menos 7.000 rentas altas, que compensarían la desaparición del impuesto. El presidente Moreno, además del guiño evidente a los empresarios catalanes, también se refirió a personas ahora residentes en Portugal, Marruecos o Reino Unido a los que les puede interesar censarse en Andalucía. Aunque es evidente que su anuncio inquieta a otras comunidades autónomas con mayor carga fiscal.
Efecto gancho
Patrimonio es apenas el 0,6% de la recaudación en Andalucía (más de 17.000 millones). La idea del gobierno de Juanma Moreno es que su eliminación tendrá un efecto de atracción para rentas altas que llegará a aumentar la recaudación total, lo que indirectamente beneficia a todos porque permitirá mejorar los servicios públicos.
"Ya ocurrió cuando se bonificó el 100% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los parientes de los grupos I y II. Andalucía multiplicó por cuatro en el IRPF la cantidad que se dejó de recaudar por la supresión de este impuesto. El Impuesto sobre el Patrimonio está considerado una anomalía en países avanzados. En el ámbito de la OCDE, además de en España, sólo pervive en Noruega y Suiza. El hecho de que no exista en nuestro entorno inmediato, incluida la comunidad de Madrid, ha hecho que el Impuesto sobre el Patrimonio se comporte con un freno a la hora de que potenciales contribuyentes instalen su residencia fiscal en Andalucía", aseguran en la Consejería de Hacienda.
La consejera Carolina España ha insistido en que las rebajas fiscales no perjudicarán la financiación de servicios públicos, sino que será al contrario. Es la sexta rebaja desde la legislatura pasada, y el gasto en Sanidad ha aumentado en 1.800 millones respecto a 2018, en Educación más de 1.000 millones y en atención a la dependencia más de 400 millones. Con un presupuesto de 45.000 millones, un 12% por encima del actual en vigor, hay margen para mejorar incluso.
