El pasado 28 de julio el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entró con una carpeta azul bajo el brazo en Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez por primera vez desde su reelección el 19J. En ella llevaba un documento con 86 peticiones. La principal es un sistema de financiación autonómico "justo" para Andalucía. Y también para Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. El líder andaluz, tras el seísmo de su mayoría absoluta, quiere elevar este tema a la agenda política nacional, y para ello busca aliados en otros territorios. Y también en el partido de Pedro Sánchez.
"Andalucía pierde casi mil millones al año", denunció. Y consciente de que un acuerdo sólo se contempla a largo plazo, reclamó un fondo transitorio de compensación de 1.731 millones anuales, de los que 824 serían para Andalucía, 648 para la Comunidad Valencia , 194 para la Región de Murcia y 65 para Castilla-La Mancha.
El presidente Sánchez salió al paso destacando los 24.385 millones de euros que recibirá Andalucía en 2023, lo que supone un 25% más que en el anterior ejercicio y un 38,5% más en la comparativa con el anterior Gobierno de Rajoy.
Un cálculo que no convence al ejecutivo andaluz, que argumenta que "en 2020, último año liquidado, Andalucía recibió 965 millones menos que la media", con lo que "cada andaluz recibe 116 euros menos".
Informe Fedea
Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado este mes, con datos oficiales de la liquidación de 2020 del Ministerio de Hacienda, confirma que Andalucía sufre una infrafinanciación de seis puntos respecto a la media española. Y no es la que sale peor parada. Murcia y Comunidad Valenciana pierden aún más. El análisis de Fedea indica además que el reparto masivo de fondos contra la crisis procedentes de la Unión Europa se hace perjudicando aún más a Andalucía, pues la comunidad empeoró sus datos en 1,8 puntos respecto a 2019.
¿Cuál es la clave de la discrepancia? El sistema de 2009, aprobado por Rodríguez Zapatero con apoyo de ERC, estableció que el criterio de la población debía modularse con otras circunstancias, como el envejecimiento o la dispersión geográfica, que hacen más costosos esos servicios. Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha salen perdiendo. Y ganan comunidades como Extremadura, Castilla y León o Galicia.
Las dos últimas son comunidades históricamente gobernadas por el PP. Hasta ahora el ejecutivo central ha argumentado que las comunidades debían primero ponerse de acuerdo sobre los criterios. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que debe ser el Gobierno el que haga una propuesta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que enviará un documento a las autonomías en otoño para abrir el debate, aunque en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se filtró que quedaba descartado que la reforma se abordara en la legislatura. Cataluña no se siente cómoda con el criterio de población.
María Jesús Montero
Curiosamente Montero denunció durante años -como consejera de Hacienda en Andalucía- la infrafinanciación de esta comunidad en unos 4.000 millones de euros. Hoy Moreno actualiza esa cantidad a 11.000 millones desde el año 2009.
La nueva consejera de Hacienda de la Junta, Carolina España, ha demostrado ya con hechos que la pelea por la financiación es prioritaria. El 27 de julio, planteó este tema en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y hace diez días insistió por carta a la ministra para que vuelva a convocar al Consejo y abordar "sin más demora el diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica (SFA) justo para Andalucía". Considera el actual modelo "obsoleto y que no se adapta a las circunstancias ni necesidades de los andaluces".
