Economía

Estas son las cuentas bancarias que el Estado puede quedarse (con todo su dinero en efectivo) si no se usan

  • La Administración debe acreditar que las cuentas han sido abandonadas
  • Los bancos están obligados a facilitarles ese tipo de información sobre ellas
Foto: iStock.

Nadie que tenga dinero en una cuenta bancaria tiene en mente abandonarla con el efectivo dentro y sin usar. Pero, sin embargo, a veces sucede y en esas situaciones el Estado puede llegar a hacerse con los fondos de dicha cuenta. En su función de gestión patrimonial, la Administración tiene la competencia de adquirir ciertos bienes que se abandonan y que, pasado un tiempo, pasan a engrosar la lista de su patrimonio con el objetivo de disponerlos para el bien común del país.

Es por todo esto que el Estado presta atención a las cuentas bancarias (también sucede con otros bienes como, por ejemplo, los inmuebles) que independientemente de la razón se han visto abandonadas y quedado en desuso por sus poseedores. En esas situaciones puede quedarse con dichas cuentas y el dinero en efectivo que tengan cuando pase cierto tiempo.

El plazo lo determina la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (se puede consultar en este enlace del Boletín Oficial del Estado), que deja claro que "los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares" serán propiedad del Estado cuando no se practique "gestión alguna que implique el ejercicio de su derecho de propiedad" en los últimos 20 años.

Pero, ¿cómo se entera la Administración de que estas cuentas existen y se han abandonado? El artículo 18 de la ley explica que los bancos están obligados a informar de su existencia al Ministerio de Hacienda.

Con todo, los bancos están obligados a informar de forma previa a los poseedores de las cuentas de que el Estado puede quedarse con ellas y su dinero. Tres meses antes del cumplimiento del plazo, se les enviará por correo certificado o vía análoga una comunicación informando de tal circunstancia. Si no hay respuesta la cuenta pasará a control del Estado, que informará posteriormente de este cambio.

No obstante, en ocasiones la operación de adquisición de los fondos no le sale rentable al Estado y, por lo tanto, no se comunica al poseedor de la cuenta la incautación de los fondos. Tal y como explica el Banco de España en su página web, esto sucederá cuando el coste de la operación sea superior al del dinero que queda en la cuenta bancaria.

Qué hace el Estado con el dinero de esas cuentas

Al igual que se garantiza que estos recursos lleguen al Estado, la ley también obliga a la Administración a usarlos de forma determinada. El dinero, ese saldo contenido en las cuentas, tiene un cometido muy concreto y su utilización, por tanto, está controlado para garantizar su distribución de forma correcta.

En concreto, la ley explica que los saldos de las cuentas bancarias que el Estado se queda tras considerarlas en desuso "se destinarán a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad".

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