La ley permite a la Administración General del Estado a usar todo su poder para financiarse asumiendo recursos de todo tipo...incluso cuentas bancarias de ciudadanos. Este supuesto, no muy conocido por la opinión pública, solo puede aplicarse en casos concretísimos, pero es completamente legal.
El artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (puede consultarlo en este enlace) cuenta que "los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares" abiertos en entidades de crédito o resto de entidades financieras serán propiedad de la Administración si no se ha realizado con ellos "gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años".
Esto, informa el artículo, también aplica a los "valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras" si no se han realizado gestiones en el mismo plazo.
El dinero de esas cuentas no se lo queda el Estado sin más, ya que está obligado por ley a usarlo en aras del bien público. En concreto, a financiar "programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, así como a extender la accesibilidad universal de los entornos, bienes, servicios y procesos", explica la ley.
Pero, ¿cómo sabe la Administración que una cuenta lleva abandonada 20 años? La ley también establece un mandato a los bancos para que se lo comuniquen al Estado: "Las entidades depositarias estarán obligadas a comunicar al Ministerio de Hacienda la existencia de tales depósitos y saldos en la forma que se determine por orden del Ministro titular de este Departamento".
Cómo se queda el Estado el dinero de una cuenta abandonada
Con todo, los bancos no se limitan a decirle al Estado que una cuenta ha sido abandonada, ya que deben asegurarse primero de que esto es verdad. Por ello, avisan al titular de esa cuenta bancaria al menos tres meses antes de que expire el plazo de 20 años.
Según explica el Banco de España en su página web, los bancos han de comprobar que efectivamente no se han realizado movimientos ni operaciones con esas cuentas y después comunicar a su propietario por correo certificado o medio análogo a la dirección que tenga el banco "que no ha realizado gestión alguna en la misma junto al plazo restante para considerarla abandonada".
Si no hay respuesta por parte del dueño de la cuenta, el banco se lo comunicará al Estado, que se quedará con ese saldo de la cuenta para financiar los proyectos anteriormente indicados.
Solo existe una excepción en la que el Estado no se queda con el dinero de la cuenta: "cuando su coste supere, previsiblemente, el importe de los fondos", matiza el Banco de España.
