Madrid
La segunda mitad del año prepara aún más reformas de pensiones dentro del segundo bloque pactado con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), concretamente dentro del componente 30. La reforma de los autónomos está durando más de lo esperado, y el ministro José Luis Escrivá ya avanzó su intención de trabajar cuanto antes en el segundo paquete de medidas, uno de ellos la adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones: las medidas en este aspecto concreto pueden modificar la cuantía de la pensión entre un 6,5% al alza o un recorte cercano al 9%, de media.
Así se desprende el cálculo realizado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de Extremadura. La medida que deberá negociar la cartera de Escrivá con los agentes sociales, tal y como recoge el Plan de Estabilidad 2022-2025, pretende adaptar el cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales. Las opciones de materializar esta reforma, a priori, son varias. Eligiendo dos en concreto, los investigadores establecen la base reguladora en 25 años y en 35 años con la opción de elegir los 25 mejores de la carrera laboral.
La elección de los 25 años más favorables dentro de los últimos 35 años resulta en un incremento promedio del 6,54% de la pensión, con un incremento del gasto proyectado del 0,67% sobre el PIB. Esta medida declina la balanza de la suficiencia de las rentas públicas de los jubilados en contra de otro principio básico, el de la sostenibilidad.
"El impacto final también va a depender de cómo se integren las lagunas de cotización; es decir, de cómo se rellenan las bases de aquellos periodos en los que no se ha cotizado. Además, esto alejaría al sistema de la mayor contributividad que generaría la simple ampliación a 35 de años del periodo de cómputo de la base reguladora", explicaban los economistas.
De hecho, la variación en la comparativa en la elección de los 25 mejores años y los 35 años es significativa. Si la reforma caminara hacia una ampliación de este periodo de cálculo de las pensiones a 35 años, la base reguladora sería un 8,8% inferior a la elección de los 25 años más favorables.
"Inicialmente, el aumento del número de años de cómputo, de 25 a 35, para el cálculo de la base reguladora es una medida que mejoraría la sostenibilidad y contributividad del sistema, al aumentar la relación entre aportaciones y prestaciones, pero los resultados son totalmente diferentes si, como es el caso analizado, en el cómputo de 35 años se incluyen solo los 25 mejores años", argumentan desde el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social.
Sobre el impacto en la sostenibilidad de la Seguridad Social, desde el Ministerio explicaron anteriormente a elEconomista.es que es "neutral" y que su principal objetivo sería "evitar un perjuicio" mayor en las pensiones de los sénior que pierden el empleo en los años previos a la jubilación.
Esto se explica porque aumenta el gasto en pensiones -es decir, empeora la sostenibilidad sin medidas complementarias por el lado de los ingresos- y empeora la equidad contributiva, entendiendo por tal la relación entre cotizaciones y prestaciones. Y así se muestra en el cálculo del peso sobre el PIB: mientras una base reguladora de 35 años llegaría a aliviar el peso sobre el PIB en un 0,88% a mitad de siglo, la elección de los 25 mejores sumaría un 0,67% para la misma etapa.
Mayor impacto en autónomos
Si el Gobierno adapta las medidas a los distintos perfiles profesionales y características de sus carreras, las trayectorias laborales y los distintos tipos de trabajadores también sufrirían de forma específica una hipotética ampliación del periodo de cómputo del cálculo de las pensiones a 35 años. Entre ellos, los autónomos, mujeres y las jubilaciones demoradas obtienen una mayor reducción de sus pensiones iniciales en la comparativa con sus iguales.
Los trabajadores por cuenta propia saldrían peor parados que el régimen general. Los autónomos afrontarían una reducción de su pensión inicial del 10,3% frente a la disminución del 8,6% en el régimen general. En el Reta no se integran las lagunas de cotización (meses cotizados en cero) que penalizan la base reguladora y que es uno de los objetivos a cubrir que se marca la cartera de José Luis Escrivá.
En el caso de las mujeres, con esta medida verían reducida su primera pensión en una cuantía similar a la de los autónomos (10,3%), abriendo una brecha de casi dos puntos y medio frente a los hombres (7,9%) por las características laborales de cada género.
Por edad de jubilación
Los datos que maneja el grupo de expertos muestran que los trabajadores que deciden ampliar su carrera laboral hasta demorar su jubilación hasta superar los 65 años y 8 meses obtendrían una mayor penalización. En concreto, los retiros demorados verían reducida su jubilación en un 11,6%, mientras las anticipadas lo harían en un dato cercano al 8%.
Lo que sí parece evidente es que desde una lectura general, ampliar el cálculo a 35 años iguala las pensiones entre los que tienen una carrera laboral más larga (penalización del 14,9%) y los que cotizan menos años (recorte del 7,5%).
