El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a 284.000 hogares con el 56% de su presupuesto, pero podría cubrir 700.000 hogares si estuviera plenamente implementado con un coste anual de 2.800 millones, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
De esta forma, el análisis del diseño del IMV desprende que la prestación, a 31 de diciembre de 2021, ha desplegado solo una parte de su capacidad potencial al llegar solo al 40% de sus beneficiarios potenciales.
Asimismo, el número de solicitudes registradas hasta final del año 2021 ha superado los 1,5 millones, pero el 73% de las resueltas se denegado o inadmitido, aunque este porcentaje ha disminuido con el tiempo hasta el 60%. La principal causa de denegación o inadmisión es el incumplimiento del criterio de renta, seguido de los requisitos de unidad de convivencia-empadronamiento. En cuanto al tiempo de tramitación ha pasado de 150 días al inicio a 60 días en el segundo semestre de 2021.
La Institución aclara que estas cifras y las del resto de la evaluación no incorporan a País Vasco y Navarra al disponer únicamente de información administrativa de renta y patrimonio de territorio común.
Por otro lado, la AIReF manifiesta que de estar plenamente implementado el IMV, se ampliaría la cobertura de los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas en cerca de 250.000 hogares. Además, mejoraría la situación de más de la mitad de los hogares que ya tenían derecho a los programas autonómicos de rentas, incrementando la renta que podrían recibir.
Con todo ello, estiman que si el IMV junto con los programas de rentas mínimas estuvieran plenamente implementados, conseguirían cubrir aproximadamente al 60% de los hogares en riesgo de pobreza (entendido como los que poseen rentas por debajo del 40% de la mediana). "En todo caso, todavía quedarían 540.000 hogares en riesgo de pobreza sin cubrir, lo que supone un 40% del total de hogares en pobreza, que no tienen derecho ni al IMV ni a los programas autonómicos", señalan.
Propuestas
Por último, la AIReF ha realizado una serie de propuestas para mejorar la eficiencia de la prestación. A corto plazo, propone concretar los objetivos del IMV de modo que pueda evaluarse su cumplimiento garantizando que dichos objetivos son cuantificables y medibles e incorporar de manera sistemática la información para el seguimiento de la prestación en el Portal de estadísticas de la Seguridad Social.
Asimismo, aboga por analizar la naturaleza del patrimonio de los hogares en situación de pobreza, en particular, el grado de liquidez de sus activos reales y su valoración y, si fuera necesario, reconsiderar la definición del patrimonio establecida para ser beneficiario del IMV. Además de estudiar con detalle las solicitudes rechazadas por motivos relacionados con la renta y la unidad de convivencia, simplificar el proceso de solicitud y fomentar la publicidad institucional de la prestación.
A medio plazo, la AIReF propone que, a medida que se vayan conociendo los efectos que el IMV está teniendo sobre la reducción de la pobreza, el mercado de trabajo y la inclusión social, se valore avanzar hacia una prestación que se inicie de oficio por parte de la Administración y que integre al resto de prestaciones e impuestos que persiguen la misma finalidad que el IMV con el objetivo de mejorar la eficiencia.
