El presidente de EEUU, Joe Biden, ha asegurado en la cumbre de la OTAN en Madrid que los estadounidenses tendrán que soportar los altos precios de la gasolina "el tiempo que sea necesario" hasta que el "dictador" ruso, Vladimir Putin, ponga fin a la invasión de Ucrania. Sus comentarios se son muy cercanos a los del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, su aliado geopolítico más cercano, que también se enfrenta a una grave crisis política y económica provocada por la inflación.
Biden anunció que pedirá a los países del Golfo Pérsico que aumenten la producción de petróleo cuando se reúna con ellos en Arabia Saudí en junio. La OPEP, por el momento, ha anunciado hoy que en agosto aumentará su oferta petrolera en 648.000 barriles diarios de crudo, hasta totalizar 43,85 millones de barriles diarios.
El precio medio de la gasolina en EEUU se ha disparado a unos 1,25 dólares por litro, incluso después de que Biden ordenara liberar una cantidad histórica de petróleo proveniente de reservas estadounidenses a principios de este año. La subida de precio del combustible es un grave problema político para el Gobierno en un año de elecciones legislativas donde los demócratas tienen que defender sus exiguas mayorías en ambas cámaras del Congreso. El presidente había pedido congelar temporalmente los impuestos a la gasolina, pero todo parece indicar que los legisladores no tienen la más mínima intención de aprobar esta petición.
Según las encuestas, la inflación es la principal preocupación de los estadounidenses. Esas mismas encuestas también indican que una mayoría de los ciudadanos creen que el Presidente es la figura que tiene los poderes para controlar la inflación, superando ligeramente a los que saben que la Reserva Federal es la institución responsable de la política monetaria. También creen que subir los tipos de interés crea más inflación, y esperan que la subida media de precios alcance el 5% el próximo año, mucho más de lo que calcula la Fed.
El Supremo 'ata las manos' de Medio Ambiente
Mientras tanto, una nueva sentencia de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo amenaza con bloquear los planes del Gobierno Biden. El dictamen ata las manos de la Agencia de Protección Medioambiental, o EPA (equivalente a un Ministerio de Medio Ambiente) a la hora de imponer límites de emisiones de dióxido de carbono a las centrales eléctricas. Hace una década, el entonces presidente Barack Obama utilizó la Ley de Aire Limpio, que permite a la EPA controlar las emisiones de gases contaminantes para poner restricciones a este gas, principal responsable del cambio climático.
La mayoría conservadora del Supremo, sin embargo, ha sentenciado hoy que el CO2 no cuenta como gas contaminante, y que cualquier restricción a las emisiones para detener el cambio climático debe ser aprobada por el Congreso, lo cual es bastante improbable que ocurra a medio plazo, dado que el Partido Republicano -que oficialmente se niega a aceptar la existencia del calentamiento global- sigue teniendo derecho de veto a la hora de aprobar leyes en el Senado.