Tal y como hiciese el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, manifestó el interés del Gobierno en el diseño del impuesto italiano sobre los beneficios caídos del cielo de las grandes compañías energéticas (eléctricas, gasísticas y petroleras).
Este nuevo impuesto del Estado italiano grava con un nuevo 10%, un 25% en total, los beneficios obtenidos como diferencia entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, siempre que sean superiores a 5 millones de euros.
El Gobierno de Mario Draghi estima que estos beneficios extraordinarios suman un total de 40.000 millones de euros en esos meses. El cálculo se hace sobre los beneficios de la compañía y no solo afecta a las compañías eléctricas, se basa en un impuesto que afecta a todas las empresas energéticas, también las que hacen negocio con el gas natural o el petróleo.
Con todas las garantías
La también vicepresidenta tercera del Gobierno ha comentado que "es el Ministerio de Hacienda el que está estudiando la manera en que esta figura impositiva pueda funcionar con todas las garantías y con arreglo a las reglas ordinarias de nuestro sistema fiscal".
Por su parte, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, se refería ayer a que "todo el mundo puede entender que el conjunto de empresas energéticas, no solo las eléctricas, están teniendo beneficios no justificables y ha considerado "de justicia social que se redistribuya la carga que supone el alza de la inflación".
Montero ha comentado que "lo haremos con el concurso de los dos grupos que sostienen este Gobierno y, convencida, que con la aprobación de los grupos que habitualmente refuerzan las actuaciones del Gobierno en el Congreso".
Ribera, finalmente, se ha mostrado favorable a introducir un límite de precio a las importaciones de petróleo de Rusia y ha anunciado que pedirá a Bruselas acelerar los trabajos, en línea con el debate abierto en el seno del G-7.