La subida de los precios, acelerada por la fuerte alza de los precios de los combustibles, está golpeando a todo el mundo. Este martes, el FMI ha publicado unas recomendaciones de política fiscal para hacer frente a los efectos de la inflación en los ciudadanos. Y sus consejos son claros: evitar las bajadas de impuestos y subsidios generalizados y optar por las ayudas concretas a los grupos más vulnerables.
En la nota, la institución hace un estudio de las medidas aplicadas por los distintos países para intentar limitar el impacto de la subida de precios en los combustibles y la alimentación. Entre las favoritas están la reducción de impuestos al consumo, como el IVA o los gravámenes especiales como el de la gasolina, la congelación o reducción de precios, como los 20 céntimos aplicados en España, o bajadas de otros impuestos, como el IRPF.
Para el Fondo, sin embargo, todas estas medidas suponen un error, ya que "las señales de precios son cruciales para permitir que la oferta y la demanda se ajusten e inducir una respuesta de la demanda, en la que los precios altos animen a las personas a ser más eficientes energéticamente". Además, advierte, los presupuestos de muchos países, cargados de deuda por las medidas extraordinarias durante la pandemia, no pueden permitirse dar ayudas generalizadas que acabarán, en parte, en manos de familias de ingresos altos que notarán un impacto mucho menor en sus cuentas particulares.
Por ello, piden centrarse en dar ayudas a las familias más desfavorecidas, ya sea con subsidios puntuales -como aprobó el Reino Unido hace unas semanas- o ampliando de forma temporal la cuantía de programas sociales ya existentes, como rentas de inserción o ingresos mínimos. Las ayudas generalizadas resultan injustas, ya que "los hogares de ingresos más altos tienden a usar más combustible que los hogares de ingresos más bajos", dado que estos últimos usan en mayor medida transporte público, bicicletas o motos y hacen menos viajes de placer, lo que significa que las ayudas indiscriminadas al consumo de gasolina acaban provocando transferencias de los más pobres a los más ricos.
Ayer lunes, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, propuso aplicar criterios de renta a la subvención de 20 céntimos a la gasolina y rebajar a 10 euros los bonos de transporte público para que las familias que no tienen un vehículo privado propio también puedan beneficiarse de ayudas. "No tiene sentido que yo tenga el combustible bonificado", dijo.
El FMI apunta a que esta subida de precios está siendo mucho menos manejable políticamente que otras anteriores. Las subidas de precios de la gasolina en 2021, tras el 'crash' del petróleo por el covid, se reflejaron casi íntegramente en los precios al consumidor en las economías avanzadas. Pero la subida de este año está siendo mucho menor de lo que debería ser porque las cuentas públicas se están haciendo cargo de un tercio de los costes extras. El coste a las arcas públicas es mayor cuanto menos desarrolladas estén las economías en cuestión y más débiles sus estados, y los estados exportadores de petróleo llegan a asumir casi un 85% de los costes extras que deberían pagar sus propios ciudadanos.
Para el Fondo, estas medidas "desplazan gastos más productivos y reducen los incentivos para productores y distribuidores". En su opinión, si hay que dar subsidios a algún producto, es más importante subvencionar los alimentos básicos, para asegurarse de que ninguna familia se quede sin poder acceder a la nutrición necesaria.