Este miércoles por la tarde se puede consumar una de las grandes paradojas de la política comunitaria. La propuesta de directiva sobre tiempo de trabajo que permitiría un máximo de 65 horas semanales puede terminar definitivamente en la papelera. Así ocurrirá si los representantes del Parlamento Europeo y los de los Gobiernos de los 27 Estados de la UE no pactan una solución que zanje su desacuerdo frontal.
En tal caso se mantendría en vigor la directiva actual cuya regla general son las 48 horas; pero que no se moja sobre el número máximo de horas al que se puede llegar de manera excepcional y que, a la chita callando, da margen para prestar 78 horas por semana.
Tanto la directiva de las 65 horas en negociación, como la norma actualmente en vigor que teóricamente permite sumar 78 horas se limitan a fijar los topes. Cada país de la Unión Europea es libre de establecer en su territorio nacional jornadas laborales más cortas como, de hecho, es el caso. Pero países como España intentan abortar casos aislados de jornadas interminables como las de Reino Unido, para prevenir que en un contexto de competencia global se generalicen al resto de la UE.
La delegación negociadora del Parlamento Europeo la encabeza el socialista español Alejandro Cercas. Los Gobiernos nacionales están representados por el Ejecutivo de la República Checa, que este semestre desempeña la presidencia rotativa de la UE.
Contabilizar las guardias
La UE negocia desde hace un lustro la reforma de la directiva que regula el tiempo de trabajo. El objetivo inicial de la negociación era adaptar las guardias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Los jueces comunitarios habían sentenciado que el tiempo de guardia debe ser contabilizado siempre como tiempo de trabajo, con independencia de si se trabaja o si sólo se está a disponible por si acaso.
Casi todos los países del club buscaron fórmulas para puentear la sentencia y, sobre todo, para evitar tener que incurrir en el gasto de contratar una nueva legión de médicos en sus servicios públicos de Sanidad.
La nueva propuesta de directiva, a punto de ser hundida, preveía establecer, además de tiempo de trabajo y de descanso, otra categoría intermedia: el tiempo de guardia inactivo en el que, por ejemplo, un médico esté en un hospital por si acaso, pero durmiendo. Las guardias inactivas no se sumarían al cómputo de horas trabajadas y, por tanto, no darían derecho al periodo correspondiente de descanso o de tiempo libre, ni obligarían a recurrir a más personal para suplir el aumento de los descansos.
Si la negociación sobre las 65 horas da al traste con el conjunto de la propuesta de directiva, el problema de las guardias seguirá sin solución y podría ser una fuente de litigios e inseguridad jurídica.
48, 65 o 78 horas
Al intentar arreglar el problema de las guardias inactivas, la Comisión Europea intentó ya de paso ?con el apoyo de países como España? acabar con la excepción que permitía a Reino Unido tolerar en su territorio semanas de más de 48 horas. Excepción a la que cada vez más Estados se suman, sobre todo en el caso de la Sanidad. Pero Londres maniobró con habilidad: aunque la regla general siguen siendo las 48 horas cómo máximo, el Gobierno británico introdujo en la negociación la posibilidad de llegar a las 65 horas.
España considera inaceptable, y más en vísperas de las elecciones europeas de junio, que la UE apruebe una directiva que permita abiertamente trabajar 65 horas por semana. El Gobierno no logró detener la tramitación de la norma en el Consejo de Ministros de la UE, pero sí está a punto de lograrlo en el Parlamento Europeo a través del eurodiputado Alejandro Cercas.
Según han explicado a elEconomista fuentes comunitarias, la negociación se ha polarizado, y los negociadores prefieren que fracase antes que ceder para alcanzar un resultado intermedio.
En un extremo están quienes defienden el modelo anglo-sajón, y consideran que las jornadas prolongadas son buenas para la competitividad de la economía del país que las permite. En el otro extremo están Gobiernos como el español, que aseguran que desprotegen al trabajador e impiden la conciliación entre la vida laboral y familiar.
