Tras el anuncio que hizo hace unos días la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el Consejo de la Unión Europea ha decidido suspender a partir del 2 de marzo, la difusión de los medios Russia Today y Sputnik en toda la Unión Europea, a modo de sanción contra las actividades de desinformación y manipulación que ha venido realizando el gobierno ruso.
Ambos medios han sido considerados, ya desde el año 2015 con un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior, como parte decisiva de una campaña coordinada de manipulación informativa que amenaza el orden público y la seguridad de la Unión Europea. Y, ahora, además, se han calificado de decisivos a la hora de presentar y apoyar la agresión de Rusia contra Ucrania.
Varios reguladores de los Estados miembros de la UE, como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, ya han tomado medidas contra los canales de difusión rusos controlados por el Estado que participan en este ecosistema de desinformación y manipulación de la información ahora denunciado por Europa, mientras que Alemania prohibió la difusión de una edición alemana de Russia Today debido a la falta de licencia.
"A la vez que la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución", apunta Francisco Pérez Bes
"El libre acceso a la información es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. A la vez que la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución", recuerda Francisco Pérez Bes, vocal jurídico de la Asociación Arco Atlántico de Ciberseguridad y Entorno Digital.
El especialista opina que con la publicación de las sanciones contra estos medios en el Diario Oficial de la Unión Europea del 2 de marzo, la Unión Europea muestra su firme compromiso de luchar por garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en cualquier país del mundo, ha afirmado la propia Comisión en la nota de prensa en la que informaba de la adopción de estas nuevas sanciones.
Por su parte, Josep Borrell, alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, ha declarado que "la manipulación sistemática de la información y la desinformación que lleva a cabo el Kremlin se utilizan como herramienta operativa en su agresión contra Ucrania. Esto constituye también una amenaza importante y directa contra el orden público y la seguridad de la Unión. Hoy estamos dando un paso importante contra la operación de manipulación de Putin y estamos cerrando el grifo para los medios controlados por el Estado ruso en la Unión Europea".
Los Estados intentan hacer frente a su difusión, especialmente en internet
En Europa, como en España, la preocupación por la desinformación no es nueva. Antes al contrario, este asunto ha estado en el centro de muchos debates en los últimos años, ya que los Estados intentan hacer frente a su difusión, especialmente en internet.
En efecto, en junio de 2018 fuimos testigos del llamamiento de los líderes europeos para proteger los sistemas democráticos de la Unión, que desembocó en un Plan de Acción contra la desinformación en el que se proponía un conjunto de sólidas acciones dirigidas a lograr un enfoque conjunto y coordinado de la Unión Europea en la lucha contra esta amenaza.
"Fruto de lo anterior, el Gobierno español adoptó la Orden Ministerial PCM/1030/2020 por la que se establece el Procedimiento de actuación contra la desinformación, cuyo objeto es el de aplicar el plan de acción europeo sobre la materia y establecer las acciones que, de manera coordinada, las autoridades españolas deben llevar a cabo para hacer frente a dicho fenómeno y de reforzar la resiliencia mediante la prevención, detección, seguimiento, respuesta, análisis y evaluación de la desinformación", señala Pérez Bes.
Situación en España
Con respecto a este supuesto, en España, algunas manifestaciones por parte de ciertos políticos han reavivado el debate acerca de la eventual responsabilidad penal que, por alta traición, puede aplicar a ciertas declaraciones. Por ejemplo, el artículo 594 del código penal español señala que el español o el extranjero que, en tiempo de guerra, comunicaren o hicieren circular noticias o rumores falsos encaminados a perjudicar el crédito del Estado o los intereses de la Nación, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años.
Mientras que el artículo 596 castiga con la pena de prisión de cuatro a ocho años a los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.
