Venezuela salió de la hiperinflación hace apenas un mes, quedándose a pocos meses de batir el récord histórico de la crisis de precios más larga de la historia. Una de las claves fue la dolarización efectiva de la economía: desde hace años, la mayoría de los ciudadanos y empresas del país operan abiertamente con dólares, lo que ha ayudado a calmar las subidas de precio. Pero ahora, el mandatario de facto del país, Nicolás Maduro, amenaza con dar marcha atrás a la solución que ha estabilizado la economía, al aprobar un impuesto a las operaciones con dólares para desincentivar su uso.
La semana pasada, el Parlamento chavista del país aprobó un impuesto que penalice las operaciones con dólares, ya sean en efectivo o por el sistema bancario. Todas las empresas que cobren en dólares deberán añadir un recargo del 3% al 20% a los "contribuyentes especiales", una categoría que incluye a todas las personas que tengan un salario anual de 150 bolívares (aproximadamente 33 dólares). Una categoría que incluye a absolutamente toda la población. Eso se sumaría al IVA del 16% que ya pagan todos los productos.
La medida es un intento de frenar la rápida caída en la irrelevancia de la moneda nacional, el Bolívar, a la que el Gobierno ha tenido que redenominar varias veces en las dos últimas décadas, hasta quitarle 14 ceros, la última vez el año pasado. Según los últimos datos, un 71% de los trabajadores de Caracas cobran en dólares, y casi todos los supermercados de la ciudad aceptan el pago en divisas. Incluso algunas gasolineras de PDVSA, la empresa pública estatal, ya cobran en dólares con precios reales.
Con esta nueva ley, los bancos añadirán una comisión del 3% a todos los pagos en dólares, que se disparará hasta el 20% en las compras a empresas extranjeras usando métodos de pago internacional, como PayPal. Las tiendas de barrio también deberán añadir un recargo del 3% a los pagos en efectivo. El efecto podría ser tan duro que el Gobierno se resiste todavía a publicar la ley ya aprobada en el Boletín Oficial, por lo que los ciudadanos del país contienen la respiración a la espera de saber cuándo entrará en vigor el impuesto.
El mayor peligro de esta medida es que una gran cantidad de operaciones se pasen al negro, para evitar el impuesto, lo que supondría una sangría en la recaudación fiscal de un Gobierno que tiene que reducir al máximo el déficit para frenar la inflación, aún altísima. La economía, desde luego, no está para bromas: según los datos oficiales, el PIB creció el pasado año por primera vez en casi una década y ganó un 4%. A este ritmo, harían falta 32 años -hasta 2054- para recuperar la riqueza que tenía el país cuando Maduro tomó el poder en 2013, según los cálculos del economista Manuel Sutherland.
Lo más significativo es que este paso puede ser una autoenmienda de Maduro a sus propios pasitos de apertura. La dolarización del país y el fin de los controles de precios, al menos en la práctica, han permitido reducir las imágenes de escasez de productos y dejar que los bienes se acerquen a su valor real en el mercado. La otra cara de la moneda es que el empobrecimiento de la población provocado por esas medidas durante los últimos años ha dejado a millones de personas en la pobreza. Obligar a elegir a los ciudadanos entre usar una moneda que sigue perdiendo el 6% de su valor cada mes o recibir un impuesto del 3% en cada compra no ayudará a reducir esa pobreza.
