La Unión Europea (UE) obligará a las compañías tecnológicas a permitir que los usuarios puedan bloquear la publicidad personalizada. Si bien no prohíbe por completo esta práctica, el principal negocio de las tecnológicas, deja el asunto en manos de los consumidores, que podrán decidir si quieren recibirla o no. Sin embargo, si prohibirá esta publicidad cuando los anuncios vayan dirigidos a menores de edad.
El Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva de Servicios Digitales. elEconomista ha tenido acceso al texto y esta normativa obligará a retirar rápidamente el contenido ilegal en Internet y exigirá transparencia a las grandes tecnológicas sobre el funcionamiento de los algoritmos que determinan lo que ven los ciudadanos en la red. Los eurodiputados respaldaron la Directiva por 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. La intención es que la normativa entre en vigor en 2023, aunque el Parlamento Europeo tendrá que acordar antes un texto común con el Consejo de la Unión Europea, el otro órgano colegislador que representa a los Estados miembros.
Análisis anuales
La norma obligará a compañías como Google, Meta, Twitter o Amazon a hacer análisis anuales para identificar el posible riesgo que los algoritmos puedan causar a la salud de los ciudadanos o a la seguridad pública.
Además, tendrán que someterse a los exámenes de auditorías independientes y tendrán que ofrecer a las autoridades públicas la información que necesiten para poder evaluar la forma en que moderan el contenido en Internet.
En este sentido, los eurodiputados aprobaron una enmienda que impide a las tecnológicas ampararse en la confidencialidad de los secretos comerciales para facilitar a los poderes públicos información, como sí les permitía una versión anterior de la propuesta.
Las empresas tecnológicas de Internet tendrán que eliminar con rapidez el contenido ilegal o la información sobre productos fraudulentos que aparezca en sus páginas webs una vez tengan conocimiento de ello, ya sea por la advertencia de los usuarios o de personas expertas en detectarlo.
"La votación muestra que los eurodiputados y los ciudadanos de la UE quieren una regulación digital ambiciosa adecuada para el futuro"
"La votación de hoy muestra que los eurodiputados y los ciudadanos de la UE quieren una regulación digital ambiciosa adecuada para el futuro. Mucho ha cambiado en los 20 años desde que adoptamos la directiva de comercio electrónico", dijo la eurodiputada socialdemócrata Christel Schaldemose, ponente de la ley.
Añadió que las plataformas en línea se han vuelto cada vez más importantes en nuestra vida diaria, trayendo nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. Es nuestro deber asegurarnos de que lo que es ilegal fuera de línea sea ilegal en línea".
La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea podrán empezar a negociar ahora un texto común para la ley de servicios digitales y uno de los principales escollos será alcanzar un acuerdo sobre quién tendrá la última palabra para comprobar que los gigantes de Internet cumplen con la directiva.
Los países europeos quieren que sea Bruselas quien tenga esa capacidad para evitar que Irlanda se convierta de facto en el principal regulador por ser la sede de estas empresas, gracias a los incentivos fiscales que les ofrece.
En cambio, la Comisión y el Parlamento Europeo proponen que la decisión la tome Bruselas, en colaboración con los países. La directiva prevé que la multa por incumplimiento pueda alcanzar el 6% de la facturación anual de la compañía.
Las tres instituciones empezaron a negociar la semana pasada la ley de mercados digitales, la segunda normativa que la UE quiere aprobar en 2023 para regular el poder de las tecnológicas y que pretende evitar las prácticas monopolistas de los gigantes de Internet.
Una ley tardía
Francisco Pérez Bes, socio en el área de Derecho Digital de Ecix Group y exsecretario general del Incibe, apunta que "esta nueva Directiva llega tarde, pero parece que puede convertirse en un elemento muy importante de cara a regular el comercio electrónico del futuro, el cual se basará en dos grandes principios, como son, de un lado, la protección del consumidor en línea y, de otro lado, considerar ilegal en Internet lo que sea ilegal fuera de Internet".
A su juicio, "Esto va a suponer un gran cambio en muchos aspectos, en particular, en la obligación de las plataformas para retirar contenidos ilegales o inadecuados que sean denunciados, y la responsabilidad que pueden asumir en el caso de no hacerlo. Con relación a este último extremo, podemos prever un incremento en el número de reclamaciones contra estas plataformas por no actuar con la dirigencia debida, en tanto en cuanto la Directiva prevé la posibilidad de exigir compensación por los daños y perjuicios que se puedan provocar a los consumidores".
Por otra parte, el importe de las multas impuestas por las autoridades de control europeas derivadas del incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, superó la barrera de los mil millones de Euros en 2021. Esta cantidad de sanciones supone un aumento del 521% en comparación con el volumen de sanciones impuesto en el año 2020. Este pasado año se ha impuesto un total de 412 sanciones por este motivo.
