El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hizo públicas ayer la primera resolución del cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración, la RPA, de la R-4(Ferrovial y Sacyr), Madrid-Ocaña; R-3, Madrid-Arganda del Rey y R-5, Madrid-Navalcarnero (construidas bajo una única sociedad formada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia); y AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), Madrid-Toledo, y la resolución complementaria del cálculo de las autopistas AP-36, Ocaña-La Roda (Ferrovial, Europistas y Budimex) y M-12, Eje Aeropuerto (OHL), que ascienden a más de 1.000 millones de euros que se pagarán a las antiguas concesionarias en los próximos meses.
Esta cifra supone un aumento con respecto a las anteriormente recogidas y es el importe resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.
Los rescates más caros son los de las carreteras situadas fuera de Madrid, como es el caso de la AP-36 Ocaña-La Roda (Albacete), que asciende a 321 millones de euros -dos millones más que en el anterior cálculo- aunque el Estado ya pagó 411 millones en una primera resolución provisional; el de la Circunvalación de Alicante, que asciende a 308 millones, y el de Cartagena-Vera, de otros 283 millones de euros.
Ya en Madrid, el coste del rescate de las Radiales 3 y 5 asciende a 119 millones, si bien en la última actualización se había marcado a coste cero. El de la AP-41 a Toledo a 53 millones -anteriormente cifrado en 45 millones- y el de la M-12 al Aeropuerto de Madrid Barajas a 46 millones de euros, hasta ahora también en cero euros.
D e estas cifras, Transportes consignó finalmente 560 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
