El sector empresarial mira con escepticismo la Ley Crea y Crece aprobada esta semana por el Gobierno, cuyo objetivo es impulsar la creación de sociedades a partir de un euro y su crecimiento, rebajando el capital inicial necesario para dar de alta a la compañía. Desde Cepyme, aunque se mira con buenos ojos el ejercicio de simplificación abordado por el Ejecutivo reclama medidas complementarias para apuntalar el éxito de la medida, como incentivos fiscales para aumentar el tamaño de las plantillas -como tipos reducidos en los primeros años o la posibilidad de compensar pérdidas de forma ilimitada en el tiempo-.
Pérdida de subvenciones
Así, uno de los puntos clave de la nueva ley es la lucha contra la morosidad comercial. Por ello, el proyecto de ley contempla que las empresas que no cumplan los plazos de pago no podrán ser beneficiarias o entidades de colaboradoras de subvenciones públicas, en un momento marcado por la llegada de los fondos europeos.
"Es necesario un clima especialmente favorable a la empresa y que, por lo tanto, apueste por la seguridad jurídica como principio básico. En este sentido, entendemos que una sanción tan grave como es la pérdida de acceso a subvenciones públicas y, por lo tanto, a los fondos europeos resulta totalmente desproporcionada y puede ser contraproducente desde el punto de vista de la seguridad jurídica", aseguran desde Cepyme.
Asimismo, consideran que la morosidad es un problema complejo que necesita un marco integral que la reduzca. "Con este objetivo, es importante apostar por medidas favorables a la competitividad y crecimiento empresarial. Las dificultades de rentabilidad de las empresas en el actual contexto afectan a su viabilidad y a su crecimiento, por lo que favorecer la normalidad y el acceso a financiación llevará consigo una reducción de la morosidad".
Además, abogan por simplificar las cargas regulatorias que frenan el crecimiento empresarial e incentivarlo con medidas fiscales como los tipos reducidos en los primeros años o las posibilidades de compensar pérdidas de forma ilimitada en el tiempo y, ante todo, implementar acciones que benefician la productividad empresarial, ya que es uno de los principales factores limitativos de crecimiento.
Sobre la iniciativa del Ejecutivo de extender la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos para reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, Cepyme defiende la necesidad de aliviar las cargas administrativas. "En el actual contexto, la generalización de la factura electrónica no se corresponde con las limitaciones digitales de las empresas de reducido tamaño".
