Madrid
El Ejecutivo ha otorgado total libertad a los titulares de las estaciones de servicio abanderadas o franquiciadas para instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, impidiendo que se vincule al contrato de suministro en exclusiva que mantienen con los operadores.
Así se establece en el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, publicado el miércoles en el BOE por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, que modifica el artículo 43 bis de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, para incluir una nueva limitación en los contratos de suministro en exclusiva de carburantes que liguen a mayoristas y estaciones de servicio abanderadas o franquiciadas para que no puedan incluir cláusulas de exclusividad en lo relativo a la prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos.
Con ello, se trata de crear una infraestructura de recarga pública de alta capacidad, que evite la sensación de "ansiedad de autonomía", que desanima a muchos compradores de la decisión de adquirir y usar los vehículos eléctricos en desplazamientos interurbanos de larga distancia.
Con esta medida, se prevé que se puedan eliminar barreras para el impulso de la recarga eléctrica, al tiempo que se facilita la consecución de los objetivos de descarbonización del sector transporte y se impulsa la industria de la automoción, que tiene un peso muy significativo en la economía española, en términos de valor añadido, exportaciones y empleo.
Las estaciones de servicio pueden estar explotadas directamente por operadores petrolíferos, pueden ser independientes o funcionar bajo un régimen de abanderamiento o franquicia que permiten a un minorista, normalmente una pyme, explotar la gasolinera en nombre y cuenta de un mayorista, por medio de un contrato de suministro en exclusiva de carburante.
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