El Brexit ya está aquí desde hace casi nueve meses, pero las ventajas prometidas para las empresas británicas por el primer ministro, Boris Johnson, se están haciendo de rogar. Tanto, que los propios empresarios están presionando al Gobierno para aplazar la entrada en vigor de dos de los cambios provocados por la marcha de la UE: el abandono de la marca de calidad europea y la Regulación General de Protección de Datos (RGPD). Dos elementos burocráticos que el Reino Unido quiere duplicar, aumentando el papeleo al que están sometidas sus propias empresas.
Estas dos regulaciones forman parte del engranaje más aburrido del sistema comercial mundial. La marca de calidad garantiza que los productos -desde juguetes a piezas de precisión para aviones- cumplen con las regulaciones y los controles de fiabilidad y seguridad exigidos, y que los procesos de fabricación cumplen con la normativa. Prácticamente todo lo que se vende en la UE debe pasar por este control, y son famosas las campañas del Gobierno en Navidad recordando a los padres que no compren juguetes que no tengan la marca "CE" para evitar que los niños sufran accidentes.
Al salir de la UE, Reino Unido decidió abandonar el sistema de regulación europeo, y crear uno propio: la marca UKCA, que deberán tener todos los productos vendidos en el país. En la práctica, su fin es idéntico, pero tener una marca de calidad propia permite al Gobierno británico aprobar sus propias normativas y regulaciones para ciertos productos, mientras que si mantuvieran la etiqueta CE, tendrían que seguir las normas europeas de seguridad.
El resultado es que las empresas que quieran exportar sus productos a la UE se encontrarán con un nuevo obstáculo más: certificar sus productos a ambos lados del Canal de la Mancha, duplicando el papeleo y los costes. No solo eso, sino que si el Reino Unido en efecto cambia las regulaciones, tendrán que organizar dos cintas de montaje separadas: una adaptada a las normas europeas y otra a las británicas.
Además, las industrias más complejas, como las automovilísticas, solo podrán usar piezas -tornillos, cristales, cables, etc- que hayan sido certificados en el lugar de destino del coche. Y todas las piezas que no se produzcan en el Reino Unido deberán estar estar certificadas con la marca UKCA si van a parar a, por ejemplo, un avión para una empresa británica. Y las empresas no están seguras de que algunos suministradores europeos o americanos estén dispuestos a duplicar el papeleo si no venden lo suficiente para justificarlo, lo que puede sacudir aún más unas cadenas de suministro que ya han sufrido los primeros azotes del Brexit y la pandemia.
A eso se suma la intención, anunciada esta semana, de salir del RGPD, para "simplificar" los mensajes sobre cookies que salen al abrir una página web y la gestión de datos personales. Una decisión que podría llevar a la UE a poner a Londres en su 'lista roja' de países que no cumplen con su ley de datos y cortar los acuerdos de transferencia y almacenamiento de información personal. En el peor de los casos, las empresas británicas tendrían que elegir entre cumplir el RGPD igualmente o bloquear el acceso a los visitantes de la UE para evitar posibles sanciones.
Por el momento, la patronal ha empujado al Ejecutivo de Johnson a paralizar la entrada en vigor de estos cambios hasta 2023, pero su miedo es que, al igual que con el acuerdo de salida de la UE, las prórrogas terminen algún día y los cambios se hagan efectivos. Unos cambios que amenazan con golpear de nuevo a las empresas exportadoras y complicar aún más los flujos de comercio con la UE. Durante el referéndum del Brexit, es poco probable que más de un 1% de los votantes se preocupara por estos temas, tirando por lo alto. Pero salir del club comunitario no está ayudando al Reino Unido a "liberar sus empresas del papeleo" europeo. Más bien lo contrario.
