La delegada instructora del Tribunal de Cuentas que impuso una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat, Esperanza García, tiene "dudas" sobre la "suficiencia y legalidad" de avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) -conocido como el ICO catalán- y por eso ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.
Ese informe tendrá que aclarar si esta institución pública puede amparar responsabilidades contables por dolo o culpa grave, en nombre de la propia administración autonómica perjudicada.
Tras ese informe, la instructora deberá decidir si los acepta o empieza a emitir órdenes de embargo para los líderes independentistas que deberían hacer frente al pago de la fianza, entre los que están Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. El ICF ha presentado 29 avales que están respaldados por dinero público.
Por el momento, el Tribunal de Cuentas prefiere contar con el informe de los servicios jurídicos del Estado antes de dar por afianzadas todas las cantidades o de rechazar los avales.
Cinco de los líderes independentistas han presentado avales personales al margen de los del ICF.
Estas fianzas son medidas cautelares, por lo que, hasta que no haya una sentencia firme, los afectados no perderían la titularidad de los bienes en caso de ser condenados.
En total, el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones a 34 ex altos cargos por conceptos concretos que aprobaron mientras ejercían sus responsabilidades públicas.
De mayor a menor
El Tribunal de Cuentas reclama mayores cantidades a Albert Royo, exsecretario del Diplocat (3,6 millones); Mireia Vidal, exinterventora de la Generalitat (3,1 millones); Frances Homs, exconseller de Presidencia (2,9 millones); Artur Mas, expresidente de la Generalitat (2,8 millones); y Andreu Mas-Colell, exconseller de Economía, al que reclama 2,7 millones.
El Govern defiende sin fisuras al ICF
El Govern "continúa defendiendo sin fisuras y sin dudas" el fondo para avalar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas, asegurado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), ha garantizado este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja, en rueda de prensa tras el Consell Executiu.
Lo ha dicho a preguntas de los periodistas después de que la delegada del Tribunal de Cuentas, Esperanza García, haya puesto en duda la legalidad de estos avales, ante lo que Plaja ha pedido al Tribunal de Cuentas "que deje de hacer política y atienda criterios estrictamente jurídicos".
"No hay ningún motivo objetivo para pensar que no se puede aceptar este aval, porque el decreto es jurídicamente impecable"
"No hay ningún motivo objetivo para pensar que no se puede aceptar este aval, porque el decreto es jurídicamente impecable", ha asegurado Plaja, que ha descartado hablar de planes alternativos porque considera que los avales se deben aceptar.
