Madrid
El Ministerio de Trabajo asignó entre las comunidades autónomas 687,75 millones euros de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinados a varios programas de políticas activas de empleo. Las cinco comunidades del PP mostraron su disconformidad con el diseño "impuesto" por el Gobierno para que dichos fondos sean destinados a una relación de programas funcionales. Los consejeros de Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla y León, y la Región de Murciahan mostrado su rechazo a lo que consideran una invasión de competencias y denuncian que su participación en el diseño de los programas ha sido "puramente testimonial". Critican los plazos y objetivos marcados y la indefinición de la adjudicación de los fondos que genera indefensión jurídica a la hora de gestionar las licitaciones.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que tras "conseguir llegar a acuerdos para acordar los grandes cambios en políticas activas, ahora estamos dando otro paso, el paso de la materialización, estamos pasando de la programación a la ejecución". Añadió que estos 687 millones se suman a los 2.110 ya distribuidos "en base a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2021".
El viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, Alfredo Timermans, señaló a eE que el ministerio debería haber consultado previamente con las comunidades antes de diseñar los programas en los que se deben invertir los fondos asignados el miércoles. Y resaltó que el plazo hasta final de año dificultará el cumplimiento de los objetivos marcados por el Gobierno y ratificados por Bruselas.
Por su parte, Javier Loscertales, secretario general de ordenación de la formación de Andalucía, añade que su oposición no se deriva del reparto de los 687 millones, sino de la imposición de Trabajo de los programas, apenas una decena, en los que deben trabajar a partir de ahora, muchos de ellos alejados de la realidad de Andalucía que recibirá algo más de 120 millones. En su opinión la indefinición de cómo se va a ir abonando los pagos de Bruselas, sin saber qué pasa si no se cumplen los objetivos, genera inseguridad jurídica.
