Bilbao
El Consejo Vasco de Finanzas Públicas ha ratificado el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno vasco y las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa sobre la nueva Ley de Aportaciones para el periodo 2022-2026. Esta Ley es la normativa que regula el reparto de los ingresos tributarios entre las diputaciones forales, las instituciones competentes en materia de recaudación, y el Gobierno vasco, del que dependen la mayor parte de los servicios públicos que se prestan en la comunidad.
Mayor certidumbre
Según el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, la nueva Ley "dotará de solidez y mayor certidumbre a las cuentas públicas en este momento crucial de escenario económico enfocado a la recuperación económica y generación de empleo".
La nueva metodología, aprobada por el Ejecutivo autonómico, las diputaciones forales y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, sustituirá a la actual ley, prorrogada desde 2011.
Como avanzaron el Gobierno Vasco y las tres diputaciones la semana pasada, la nueva Ley mantiene los actuales coeficientes horizontales e incrementa el coeficiente vertical del 70,04% al 70,81%. Además, el límite máximo del Fondo aumenta hasta el 1,45% de los recursos y establece un porcentaje mínimo del 39,23% en la participación de las entidades locales en los tributos concertados.
Tras el acuerdo, el Consejo de Gobierno del próximo 27 de julio aprobará el Proyecto de Ley, que se remitirá al Parlamento vasco donde PNV y PSE cuentan con la mayoría para aprobarla.
Azpiazu señaló que el objetivo de las instituciones es que, cumplidos todos los trámites parlamentarios, la nueva Ley de Aportaciones esté vigente para principios de octubre. "Hemos priorizado poder tenerla aprobada antes de la elaboración de los presupuestos 2022", dijo el consejero vasco.