Madrid
La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha diseccionado para elEconomista los aspectos principales de la modificación de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez. En su opinión, el borrador está plagado de intervencionismo, no parece destilar mucha democracia, y de hecho no se ha consultado con nadie. Por ende, deja el poder al arbitrio de un presidente y de su director del Departamento de Seguridad Nacional, que tendrán máximos poderes -suspensión de actividades, requerimiento de bienes, ocupación transitoria, e imposición por encima de los derechos y las libertades de los ciudadanos- y, mínimos controles.
El Gobierno afirma que impulsa ahora esta ley después de la experiencia de la pandemia
No. Aprovecha la pandemia para ir avanzando en un sistema presidencialista con máximos poderes y mínimos controles. No tiene otra justificación. Con nosotros no han hablado, y no es un debate que se haya planteado con los partidos. Tampoco se ha abordado en la Comisión de Seguridad Nacional ni en ningún otro espacio parlamentario.
Entonces, ¿es una modificación de ley que ha aparecido de repente?
La verdad es que no han tenido tiempo de hacer una ley de pandemias, pero sí de hacer este borrador de anteproyecto de ley donde se abrazan a la reservas estratégicas para ir más allá. Pero esto no es una ley para establecer una reserva estratégica.
¿Supone un cambio sustancial con respecto a la ley de 2015?
Esta ley llega a establecer la obligación de colaborar personal y materialmente por parte de los ciudadanos y de las personalidades jurídicas. Por eso desde el PP denunciamos que estamos ante otro tipo de instrumento.
¿Cuáles son los aspectos que más le chirrían del borrador?
Entre otros, el artículo 28, que como decía, puede establecer el deber de obedecer de los ciudadanos, y además por un mero Real Decreto. Es decir, por una mera disposición del presidente del Gobierno; sin control del parlamento. Y luego, la capacidad de expropiar y, el control de los medios de comunicación. A mi eso me parece clave. El 28 es un artículo clave. Y luego, están las disposiciones transitorias.
Hay un punto del borrador del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015 que alude a los poderes del director del Departamento de Seguridad Nacional
Bueno, eso afectaría a Iván Redondo, o al que estuviera de turno en ese momento. Pero lo cierto es que la Red de Comunicaciones de la Presidencia del Gobierno quedaría en manos de la Seguridad Nacional, es decir, al margen de control.
¿Quién cree que está detrás de este cambio en la ley?
La única referencia que tenemos es lo publicado en El País. Pero si afecta a Seguridad nacional, por lo tanto viene de ese departamento, y viene de Presidencia. Esto no forma parte del Ministerio de Defensa, no forma parte de Justicia. Esto viene de quien directamente tiene las competencias en Seguridad Nacional, es decir, de Presidencia.
Imaginemos que esta ley ha pasado todos los trámites reglamentarios y las modificaciones son un hecho. ¿En qué momento podría ponerse en práctica?
Bueno, una de las situaciones en las que se puede aplicar es ante una emergencia sanitaria. Y enfin, cuando ves estas cosas que van de la mano de una persona que está actuando como está actuando, te hace pensar mal. Eso está claro
¿Qué hará el Partido Popular?
Adelanto que vamos a presentar una enmienda a la totalidad de esta ley. No pasa ningún filtro, la recurriremos por inconstitucional.
