Una de las medidas que Unidas Podemos ha planteado al PSOE en el marco de la negociación de la ley de vivienda es la creación de un Registro de Contratos del Alquiler (RCA) que permita a los poderes públicos vigilar los precios y tener un control estadístico del mercado inmobiliario.
Es la propuesta que la vicepresidencia segunda que dirige Pablo Iglesias ha facilitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la regulación del alquiler y que insiste en la idea de Unidas Podemos de poner un tope a los precios, con penalizaciones para los que se salten el límite.
Un registro no obligatorio... pero necesario si se quiere acceder a ayudas o incentivos
Según la propuesta, el Registro del Alquiler podría ser utilizado por la Agencia Tributaria, el Poder Judicial y los demás organismos públicos para acometer sus finalidades y a su vez podría servir para su explotación con fines estadísticos o para incluir los datos de forma automática en la declaración de la renta.
Además, sería de carácter voluntario pero Unidas Podemos plantea que todos aquellos que quieran acogerse a ayudas al alquiler o a incentivos fiscales tengan que inscribir previamente los contratos.
La inscripción se haría a instancias de cualquiera de las dos partes e incluiría además del contrato, datos como el año de construcción del inmueble, los metros cuadrados de la vivienda, si dispone de ascensor y calefacción, si se alquila o no amueblado o el estado de conservación de la vivienda.
Índice oficial de zonas tensionadas dependiente de las CCAA
El planteamiento de Unidas Podemos también incluye la creación de un índice oficial de referencia en aquellas zonas donde se considere que el mercado está "tensionado" para controlar que los precios no se sitúen por encima de ese índice. Serían las comunidades autónomas quienes contarían con la facultad de decretar áreas de mercado tensionado siguiendo "metodologías objetivas" y sujetas a revisión periódica. En este punto, cabe recordar que la propuesta del PSOE pasa por no intervenir donde no se den problemas.
En estas zonas el precio de un nuevo contrato no podría ser superior a la renta consignada en el último contrato de arrendamiento vigente en los últimos cinco años. Sin embargo, el precio se modularía dependiendo del estado de conservación y mantenimiento de la vivienda, entre otros factores como la antigüedad, altura, zonas comunitarias, acceso al transporte público, pero en "ningún caso se podrá incrementar en más del 2,5% el precio del índice de referencia".
Si un propietario cobra más de los límites legales, los inquilinos podrían exigir la restitución de las cantidades percibidas en exceso y los intereses legales más un 3%.
El acuerdo no termina de llegar. Frente a este planteamiento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defiende la implantación de bonificaciones fiscales a los propietarios que rebajen las rentas. Aún así, tanto su titular, José Luis Ábalos, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han expresado su convencimiento de que habrá un acuerdo para regular el alquiler en la ley de vivienda.
