El Tribunal de Cuentas (TCu) ha encontrado "deficiencias" en el sistema de financiación de la Agencia Española del Medicamento. En su último informe de fiscalización, correspondiente al año 2018, señala "debilidades" en su memoria económico-financiera.
El informe del Tribunal de Cuentas ve problemas de cumplimiento de la normativa reguladora de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la Administración General del Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos y productos de cuidado personal. Esta tasa constituye, junto a los servicios prestados a la Agencia Europea de Medicamentos, la principal fuente de financiación del organismo.
El informe destaca que un 10% de las solicitudes sujetas a la tasa se presentaron fuera de plazo
"No justifica adecuadamente las cuantías de los epígrafes que se aprobaron por la Ley 10/2013", indica el documento. "El importe recaudado por la tasa no excede en su conjunto del coste real de la actividad, aunque se producen márgenes de cobertura (ingresos/costes) muy dispares, positivos y negativos, en sus distintos epígrafes", explica.
Por otra parte, el Tcu menciona algunos incumplimientos de la normativa. El informe destaca que un 10% de las solicitudes sujetas a la tasa se presentaron superando el plazo establecido. Además, apunta a la falta de utilización de la vía ejecutiva para la recaudación de los impagos producidos. "Este hecho ha empezado a corregirse recientemente", matiza.
El Tribunal de Cuentas también describe algunas deficiencias de gestión, entre las que destaca la relativa al procedimiento de recaudación de la tasa de los epígrafes de cobro periódico, en el que la falta de un sistema de alerta al sujeto pasivo sobre la obligación de efectuar el pago y de seguimiento de las autoliquidaciones no presentadas, propicia que se produzcan impagos no advertidos por la Agencia, que no eran reclamados.
Recomendaciones
El informe finaliza con un conjunto de recomendaciones dirigidas a la Agencia y también menciona al Ministerio de Sanidad y a la Intervención General de la Administración del Estado. El Supervisor propone la modificación de la normativa específica de la tasa; la introducción de un mayor detalle de la información contable y un mayor rigor en la imputación de los costes asociados a las actividades; la informatización de los procedimientos pendientes, procurando la gestión integral de la tasa de forma que exista interrelación automática entre las aplicaciones informáticas de las distintas unidades administrativas afectadas y cauces de comunicación y de traslado de la información; y el establecimiento de un procedimiento que permita solventar las deficiencias de la gestión de los epígrafes de cobro periódico.
