La menguada plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) se enfrenta a la renovación de 2.200 temporales (el tercio de su personal) y a la jubilación del 25% de sus actuales efectivos hasta 2022. Una situación extrema que preocupa a los sindicatos del organismo, a su dirección y al Ministerio de Trabajo. Las respuestas a estas deficiencias están en manos del Ministerio de la Función Pública que debe autorizar las plazas, aunque a la postre, debe obtener los fondos del Ministerio de Hacienda.
Fuentes de UGT comentan a eE que los 1.500 trabajadores contratados para hacer frente al Covid, 1.000 en una primera fase y otros 500 a partir de octubre, tendrían asegurado su continuidad para todo este año. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo matizan que de momento tienen concedida la prórroga hasta marzo y asegurado un nuevo alargamiento, pero sin determinar hasta qué plazo.
Desde los sindicatos han solicitado al Sepe que se les abra un contrato programa por tres años, tiempo máximo permitido para este tipo de acuerdos. Desde Función Pública reconocen a este diario que les "consta que la prórroga está hasta marzo", pero nada dicen sobre una nueva más allá de ese mes.
Desde 2008
No son los únicos trabajadores temporales del Sepe a los que Función Pública debe dar respuesta. Según UGT, en mayo se termina el contrato programa que ampara a un segundo colectivo de eventuales que entraron en el organismo en la crisis de 2008 y que, aunque originariamente se concedieron 1.400 puestos, en el último informe del Sepe, de 2019, solamente constan 819 trabajadores eventuales en contratos programa.
Sobre estos últimos, desde el Ministerio de Trabajo confirman que se ha solicitado a la Función Pública un proceso de consolidación interna, lo que supondría una oposición para incluirlos como fijos, después de doce años concatenando contratos programas, generalmente de tres años. Pero, igualmente, la respuesta está en manos de Función Pública.
En este caso, desde el ministerio que dirige Carolina Darias confirman que hay procesos de estabilización para empleo temporal y desvelan que saldrá la correspondiente convocatoria, que suelen coincidir con las de procesos selectivos ordinarios.
Respecto a los procesos selectivos resueltos el pasado 2020, estas fuentes declaran que se están asignando las plazas en los primeros meses de 2021, también para el Sepe. Respecto a los nuevos empleados públicos de la convocatoria del pasado año, desde UGT señalan que confían en que reciban una mayor parte, pues respecto a los de 2019 solo les llegaron entre 80 y 90 administrativos y algunos A2 y C2.
8.500 de plantilla
El Sepe reconoce una plantilla total, entre eventuales y fijos, de 7.935 personas a julio pasado, a las que se suman los que finalmente entrasen en la segunda convocatoria, para 500 plazas, de los contratos Covid. Es decir, que este 2021 han arrancado con menos de 8.500 personas. Sin embargo, de ellas cerca de 2.500 son eventuales, 819 que se arrastran de programas anteriores y los 1.500 que han entrado para hacer frente al trabajo por el Covid.
Eso supone que alrededor de un tercio de la plantilla del Servicio Público de Empleo es eventual, un porcentaje desconocido más allá de 2010. Habrá que esperar a ver cuántas plazas salen en el próximo "proceso de estabilización", pendiente de Función Pública.
Pero frente a este flanco abierto, el Sepe debe afrontar otro, tanto o más grave, pues reconocen que entre julio del pasado año y diciembre de 2022 se van a jubilar 2.267 personas, que sobre los 8.500 suponen el 25% de la actual plantilla. Eso supone que en la actualidad, el Sepe tiene entre eventuales y próximas jubilaciones más del 50% de su personal comprometido.
Y llueve sobre mojado, pues el organismo dependiente de Trabajo no ha conseguido recuperar los 10.500 empleados que tenía en 2010.
Petición del Defensor del Pueblo
El 7 de mayo, el Defensor del Pueblo, tras recibir innumerables quejas referidas a la imposibilidad de contactar con el Sepe, solicitó a la institución y a la Secretaría de Estado de Empleo, de la que depende, información sobre la situación y las medidas que se habían adoptado ante la avalancha de las peticiones de prestación con motivo de los numerosos Ertes aprobados.
A raíz de la contestación recibida y en función de anteriores quejas presentadas por la institución que preside Francisco F. Marugán sobre el Sepe, hace seis recomendaciones al Servicio Público de Empleo, algunas de carácter coyuntural, pero otras estructurales.
En relación con la plantilla, el Defensor del Pueblo recomienda completar y ampliar, con carácter urgente, el incremento de plantilla ya previsto para hacer frente en los próximos meses (contestó el 7 de julio) a la carga de trabajo extraordinaria impuesta por la actual crisis. En octubre, el Sepe amplió el millar de trabajadores contratados a partir de marzo con otros 500 en octubre, hasta completar unos 1.500 que en la casa son conocidos por contratados del Covid.
Más allá de esta recomendación de carácter coyuntural para hacer frente a la sobrecarga de trabajo por la pandemia, la respuesta del Defensor del Pueblo al Sepe incluye otra recomendación más genérica. En ella, dice que ante las dificultades manifiestas en la actual crisis sanitaria, y teniendo en consideración los problemas igualmente surgidos en anteriores crisis sociales y económicas con gran impacto en el empleo, recomienda "evaluar cuanto antes las necesidades estructurales existentes en el Sepe en materia de personal y medios materiales, dada la evolución natural de la plantilla (jubilaciones), la todavía incompleta adaptación a la Administración electrónica, especialmente por parte de la ciudadanía, y otros factores como el desarrollo del teletrabajo".
Como anécdota, reclama medidas especiales en la dirección provincial de Barcelona que es junto, con Madrid, la que más incidencias tiene de toda España.
