
El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado un profundo cisma en el seno del partido republicano que amenaza no solo con entorpecer aún más el traspaso de poderes en el país sino también mermar la confianza en el sistema democrático y por ende en la recuperación.
Durante el fin de semana, un grupo de 11 senadores republicanos, liderados por Ted Cruz, anunciaron que no certificarán la victoria del Colegio Electoral del demócrata Joe Biden durante una sesión conjunta del Congreso este miércoles. Previamente, el senador republicano por Missouri, Josh Hawley, ya adelantó que retaría los resultados electorales.
A la docena de senadores habría que sumar al menos otros 140 legisladores que también planean oponerse a la ratificación del triunfo del presidente electo, lo que forzará un voto sobre el resultado electoral que no impedirá que Biden ocupe el Despacho Oval pero que representa el intento más radical para anular el resultado de una elección presidencial desde la Guerra Civil.
Todo ello ocurre en un momento en el que el todavía inquilino de la Casa Blanca presionó al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que "encontrara" los votos suficientes para garantizarle una victoria en dicho estado, durante una polémica llamada telefónica que fue grabada y filtrada a la prensa.
La sesión del 6 de enero en el Congreso es el último paso en el proceso de certificación del resultado electoral y dará vía libre a la llegada al poder de Biden el 20 de enero. Por lo tanto esta será la última oportunidad de Trump para interferir en el resultado de las elecciones tras el fracaso de las demandas interpuestas por su equipo para rechazar el conteo de votos.
En medio de los intentos por desestimar el voto popular y el del Colegio Electoral también juega un papel crucial el vicepresidente saliente Mike Pence, dado que preside el Senado y por ende la sesión legislativa en la que se hará el conteo. Su jefe de gabinete, Marc Short, ya adelantó que Pence daba "la bienvenida a los esfuerzos de los miembros de la Cámara y el Senado para usar la autoridad que tienen en virtud de la ley para plantear objeciones y presentar pruebas ante el Congreso y el pueblo estadounidense el 6 de enero".
Lo que muchos consideran ya como una crisis constitucional y una maniobra que perjudicará tanto al país como al partido se produce justo cuando los síntomas de fatiga en la economía aumentan. De hecho, el consenso proyecta que el mercado laboral estadounidense despidió el año pasado creando solo entre 50.000 y 100.000 empleos el pasado diciembre.
El nuevo Congreso de EEUU reeligió a Nancy Pelosi, de 80 años, como presidenta de la Cámara de Representantes el domingo pese a que en las elecciones del 3 de noviembre los demócratas perdieron diez escaños en la Cámara Baja manteniendo la mayoría pero quedándose con el margen más estrecho que cualquier partido ha tenido en esta cámara en los últimos 20 años. La composición final del Senado depende del resultado de la segunda vuelta electoral el martes en Georgia, donde en juego dos escaños.