El diseño que está realizando el Gobierno del Plan Nacional que remitirá a la Comisión Europea, pone en peligro no solo que lleguen a tiempo los 140.000 millones procedentes de los fondos europeos, sino que incluso puedan llegar a ser denegados porque uno o varios países veten la propuesta española en el Consejo Europeo que se celebrará después del 30 de abril de 2021, el cual tendrá la llave de la caja de los fondos europeos para que empiecen a canalizarse a los países miembros para su ejecución hasta 2026.
El motivo de ese posible veto en mayo es que el Gobierno Sánchez-Iglesias última un sistema de gobernanza que choca en múltiples aspectos con las guías y recomendaciones de la Comisión Europea publicadas el 17 de septiembre, documento donde se recoge el acuerdo definitivo del Consejo Europeo del 21 de julio, que consiguió salir adelante tras el veto holandés.
En este sentido, el borrador dado a conocer tras el Consejo de Ministros del martes, pone de manifiesto una extralimitación de las competencias que la Comisión da a los gobiernos de los Estados miembros, pues a lo sumo, estos deben aspirar a canalizar administrativamente la financiación europea hacia los receptores finales, empresas y consorcios público-privados que han concurrido competitivamente con anterioridad, bajo unos criterios transparentes, y mientras tanto, poner en marcha reformas estructurales apoyadas por una parte de dichos fondos en cada nivel de administración (central, regional y local).
Un poder que no le corresponde
Lejos de esto, Moncloa pretende arrogarse un poder que no le corresponde de gestor único y plenipotenciario de los fondos, para lo cual no está preparado ni burocrática ni legalmente tampoco. De ahí que haya formulado un macro decreto (aún no publicado) con que moldear los procedimientos administrativos y los contratos públicos, sin consultar con ninguna fuerza política, para armar en cuatro meses un plan controlado por el Ejecutivo.
Dentro de esta ambición, se incuban dos elementos que son de vital importancia y escrutinio por parte de los Estados miembros, especialmente de los denominados frugales: la transparencia del proceso y la capacidad de auditar todos y cada uno de los procedimientos, ejecución y evaluación por los resultados que se obtengan a corto y medio plazo.
Y, esta es la principal preocupación para la Comisión, la cual en el momento en que haga un primer ejercicio de evaluación se encontrará con este planteamiento del Gobierno español, diametralmente opuesto al de otros países como Francia o Italia. Se multiplican las comisiones de expertos, los grupos de trabajo y los órganos consultivos sin que previamente se haya establecido un procedimiento claro y transparente del nombramiento de los integrantes y su adecuación a lo que ocurre en el resto de los socios comunitarios.
La guía de la Comisión
En la Guía de Trabajo de la Comisión para los planes de Recuperación y Resiliencia, aparece destacado un procedimiento detallado alejado del real decreto que el Gobierno anunció este miércoles con antelación, pues no está previsto publicarlo en el BOE hasta el 31 de diciembre, con la justificación que su desarrollo va anexo a los Presupuestos Generales.
En el apartado III de esa guía se explica la complementariedad de la implementación del plan, con puntos cruciales como estos: actuaciones encaminadas a mejorar la capacidad administrativa necesaria para asegurar las reformas y las inversiones, la eficiencia de la administración pública con respecto al entorno empresarial (en particular, entorno empresarial relativo a las pymes), la contratación pública, la eficacia de los sistemas judiciales y la lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales, como pilares principios rectores esenciales.
La contribución de otros actores
Así mismo exige las explicaciones de cómo se proponen aplicar las reformas e inversiones, o seguir las normas de contrataciones públicas en consonancia con la UE. La guía recomienda de igual modo la descripción de cartera de proyectos avanzados, la descripción de la naturaleza institucional del plan, y el papel del Parlamento nacional y de los regionales y otras autoridades, así como la contribución de los actores sociales, además de la estimación de los costes aceptando validaciones independientes de organismos públicos independientes o, del sector privado.
