España es el Estado miembro de la Unión Europea con más procedimientos abiertos por violar el mercado único comunitario. En este momento, el país cuenta con 57 expedientes, seguido de Italia con 49 y Alemania con 47, según el último informe sobre los obstáculos legales de los Estados miembros de la Unión Europea al mercado único que elabora la Comisión Europea en Bruselas.
Por otra parte, Luxemburgo, con 11 asuntos, Letonia y Finlandia -ambos con 12- tienen el menor número. Un total de 24 Estados miembros tenían más casos pendientes a diciembre de 2019 que un año antes, mientras que solo dos -Bélgica y la República Checa- tenían menos casos pendientes.
El 30% de los casos pendientes se refieren a cuestiones ambientales, principalmente casos relacionados con la protección del agua, la gestión de desechos y la contaminación del aire. Grecia, Italia y España fueron los países cuya mayoría de casos se relacionaban con el medio ambiente, con un 8% de los casos ambientales cada uno. Varios casos se relacionan con la libre circulación de profesionales. Cada Estado Miembro tenía un caso pendiente en ese ámbito a diciembre 2019.
En los asuntos relacionados con la libre circulación de mercancías, la distribución entre los Estados Miembros es desigual. Alemania por sí sola representa el 15% de los casos y España el 12%, varios de ellos relacionados con productos de construcción, Mientras, un total de nueve Estados miembros no tenían ningún caso pendiente en este ámbito.
Obstáculos legales
Por otra parte, la última encuesta empresarial de Eurochambres evalúa los principales obstáculos asociados a las transacciones y negocios dentro del Mercado Único. El 69% y el 78% de los encuestados respectivamente identificaron diferentes normas nacionales sobre productos y procedimientos administrativos complejos con obstáculos importantes o muy importantes.
Otro estudio de KwF Research sobre las pymes en Francia, Alemania, los Estados Unidos y Canadá. Reino Unido, Italia y España asegura que el 37% de las empresas pequeñas sigue sin experiencia exportadora y el 26% de las que exportan considera que los procedimientos administrativos son demasiado complicados.
El informe de los expertos de Bruselas destaca una serie de procedimientos de infracción relacionados con el reconocimiento mutuo de productos. En este sentido, pone como ejemplo a España de malas prácticas.
Bruselas señala a España y alerta de las restricciones a la importación de acero y hormigón
El documento cita el procedimiento activo contra España, en el que la Comisión envió una carta de notificación formal porque, a su juicio, el país restringe las importaciones de acero estructural y hormigón. Según Bruselas, los productos no están sujetos a las normas armonizadas de la UE, pero las normas españolas pertinentes no tienen ningún mecanismo para reconocer las marcas de calidad de otros Estados miembros.
La Comisión Europea recuerda en el informe que el principio de reconocimiento mutuo implica que las marcas concedidas en un Estado miembro deben ser reconocidas en otros Estados miembros y se les debe conceder una marca equivalente para el mismo nivel de rendimiento.
Bruselas alerta de que España no tiene un sistema para evaluar las marcas entre distintos países. "Puede haber dificultades para evaluar si las marcas de calidad de otros Estados miembros son realmente equivalentes, pero ni siquiera tener un mecanismo para tal evaluación está claramente haciendo imposible que las empresas para confiar en el principio de reconocimiento mutuo", explica el informe.
Restricciones a la empresa
En total, durante el año 2016 hasta 16 Estados miembros impusieron restricciones a la forma y la participación de las empresas. Los requisitos más estrictos en cuanto a la forma de la empresa o la participación se encontraron en Bélgica, Chipre y Rumanía.
En cuanto a los servicios de arquitectura, por ejemplo, países como Chipre, Malta y Rumania exigían una participación del 100% de los profesionales y prohibían la prestación de servicios de arquitectura por medio de la responsabilidad limitada pública empresas. Chipre también impuso un requisito de residencia para ejercer la profesión de abogado en violación de las directivas de los abogados.
Por otra parte, en Bélgica el 60% de las acciones y de los derechos de voto en estas empresas tenían que estar en manos de arquitectos por ley.
En otros países como Austria, Chequia, Francia, Alemania, Eslovaquia y España requerían que al menos el 50% de las acciones sobre estas compañías estén en manos de arquitectos profesionales.
Restricciones al comercio
La Comisión Europea alerta que España, Italia y Alemania tienen el nivel más bajo de integración en el comercio de servicios de la Unión Europea y se encuentran entre los niveles más altos de restricción del comercio de servicios.
En cualquier caso, el documento alerta que hay algunos valores atípicos en este último informe con países que rompen la tenencia. Bélgica y Austria aparecen con niveles relativamente altos en materia de integración y restricción del comercio.
En la UE se regulan hasta 368 ocupaciones de servicios profesionales distintas y el 25% solo existen en un Estado
Además, el documento subraya que los países con los niveles más bajos de integración comercial de servicios dentro de la Unión Europea en relación con el PIB son los mayores Estados miembros de la UE, que suelen tener niveles más bajos de comercio de servicios y bienes en relación con el PIB. "Sin embargo, las investigaciones empíricas han demostrado que los niveles más altos del Índice de restricción del comercio de servicios (STRI, por sus siglas en inglés) tienen un efecto negativo en el comercio transfronterizo de servicios y en la productividad del sector de los servicios", apunta la Comisión Europea.
Los Estados miembros regulan hasta 368 ocupaciones de servicios profesionales distintas y aproximadamente un 25% de ellas se regulan en un solo Estado miembro.
"Si bien es posible que la legislación específica, nacional legislaciones estén justificadas y sean proporcionadas, el hecho de que una cuarta parte de las ocupaciones sea sólo regulada en un Estado miembro sugiere que puede haber margen para una reducción de la legislación de las ocupaciones de servicios", indica el último informe publicado por los expertos de la Comisión Europea.
"Sería valioso evaluar las reglamentaciones que sólo existen en un Estado miembro de la Unión Europea para analizar en profundidad cómo se justifican esas regulaciones, arrojando luz sobre el razonamiento en los Estados miembros reguladores y por qué otros países no consideran necesario imponen tales regulaciones", apunta el documento.
