Cada punto porcentual de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España para el próximo año –según al algoritmo utilizado en IBC&Partners que descompone la fuerza laboral por sectores de la economía– generará un paro estructural de cerca de 50.000 empleos con el consiguiente efecto sobre la reactivación de la economía. Así, la subida del SMI del que se habla estos días podría acarrear una destrucción de 45.000 empleos en la subida más moderada hasta los 427.000 en la máxima.
Una horquilla que se explica en que el Gobierno todavía no ha pactado internamente qué va a hacer con el SMI del año próximo. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, intervino en el debate asegurando que ella no lo subiría ahora porque ya ha aumentado un 29% en los últimos dos años y debe existir un equilibrio entre proteger a los trabajadores y a la economía y sus empresas en una crisis. "Tendrá que seguir subiendo, ahora no, pero tendrá que seguir subiendo porque es el compromiso de investidura del presidente Sánchez", afirmó.
Se suma a la tesis socialista del Ejecutivo que quiere congelar el SMI, como CEOE, y lidera Nadia Calviño. En el otro platillo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aspira a subirlo como el incremento salarial medio pactado en convenios, un 1,89% en noviembre. Díaz dijo el jueves que la CEOE se opone a la subida por cuestiones "ideológicas". Podemos se conforma con un 0,9%, en línea lo aprobado para funcionarios y pensionistas.
Hasta 427.500 empleos
Aplicando el algoritmo de IBC&Partners, este 0,9% implicaría una pérdida de 45.000 empleos estructurales; si es el 1,9% se elevaría a 85.500 y el 5%, hasta 1.000 euros, que demanda UGT, costaría 427.500 parados. Por oposición, si se congela el SMI el año próximo no habrá destrucción de empleo.
El SMI en los últimos años ha crecido desde 633 euros en el 2010, hasta los actuales 950 mensuales, un incremento de casi el 67%. Pero también ha provocado una mayor inestabilidad y precariedad en el empleo al aumentar también la tasa de temporalidad con perjuicio para el trabajador. Por tanto, una subida del salario mínimo en estos momentos pandémicos no reducirá la precariedad laboral ni la desigualdad, sino que incluso puede aumentarlas. Todo ello teniendo en cuenta los males endémicos del mercado laboral español como la alta tasa de paro estructural y la elevada tasa de temporalidad, como consecuencia de las rigideces laborales.
El mayor generador de empleo en España son las pymes y no las grandes corporaciones, por lo que el mayor número de empleados sujetos al SMI está en empresas en las que la media de trabajadores va de 5 a 10 trabajadores, que, sin lugar a duda, verán aumentados sus costes laborales. Además, cabe destacar que el aumento de los costes laborales afecta a la competitividad de los productos y servicios en los mercados exteriores puesto que con una economía cada vez más digitalizada, hace que los efectos de la eficiencia se minimicen frente a los denominados "factory cost".
España encabeza la lista de países con más desempleo entre los jóvenes en comparación con los países de nuestro entorno, y más aún si cabe, en tamaño y renta per cápita, donde se aprecia un diferencial con estos países que es extremadamente elevado.
Frente la propuesta de Unidas Podemos, y especialmente de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de las presiones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para que se apruebe un aumento del salario mínimo –con la aportación de los sindicatos–, hay que plantear otro escenario en el que independientemente de defender a los trabajadores que ya tienen empleo, como se promulga la formación morada, se busque una solución para los trabajadores que no lo tienen.
"En los sectores donde realmente se está seleccionando a trabajadores, los empleos están en niveles salariales muy superiores al SMI"
Y esto no pasa por subir el Salario Mínimo Interprofesional, por el contrario, se debería volver a la receta anterior a la entrada en el Gobierno del equipo de Sánchez e Iglesias. Cabe recordar que antes de la moción de censura a Rajoy, el SMI estaba en 750 euros al mes.
Por otro lado, al analizar la cantidad de trabajadores que acceden a su primer empleo con el Salario Mínimo Interprofesional, uno se da cuenta de que serán estos trabajadores los que más sufrirán las consecuencias de la subida SMI. Y España lidera el paro juvenil en Europa, con una tasa del 40,4%.
En otro orden de cosas, las multinacionales contratan talento, pero no con el baremo del Salario Mínimo Interprofesional puesto que en los sectores donde realmente se está seleccionando a trabajadores, los empleos están en niveles salariales muy superiores al mínimo interprofesional.
Es únicamente en las pequeñas y medianas empresas donde por necesidades coyunturales se echa mano a este tipo de contratos que muchas veces no se extienden más de un mes, fomentando así un empleo precario, un empleo inestable y un empleo para el trabajador que se puede denominar de subsistencia.
Otra espada de Damocles que se avecina sin remisión es la automatización en el futuro con la cuarta revolución industrial: la digitalización de la economía desplazará más de 85 millones de empleos en el mundo, antes del 2025. Según el último informe del Foro de Davos, en el caso de los países de la OCDE la automatización de muchos procesos productivos podría alcanzar un 21% de empleos, que están o estarán en riesgo de extinción.
Advertencias de otros organismos
Varios organismos ya advirtieron el año pasado de que un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) conlleva un impacto negativo sobre el empleo. Los sindicatos y el Gobierno de coalición defienden que, a pesar de la subida del 22,3%, el año pasado se crearon en términos netos puestos de trabajo. Pero el análisis por sectores muestra un descenso del empleo en aquellos afectados por el aumento del SMI.
Así sucedió con las empleadas de hogar, los trabajadores del campo, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado o trabajadores del mar. El Banco de España advirtió de una destrucción de 125.000 empleos (el 25% de los jóvenes cobra el SMI). También se sumaron Airef (con Escrivá de presidente) o el BBVA Research.
Enrique de Areba es vicepresidente de IBC&Partners
