Valencia
Pocos días después de que se declarase el estado de alarma por la proliferación descontrolada de la primera ola del coronavirus, el presidente valenciano Ximo Puig anunció que la Generalitat Valenciana levantaría tres hospitales de campaña en las capitales de la Comunidad Valenciana para hacer frente a la pandemia. La puesta en marcha de esas instalaciones provisionales en el plazo de un mes se convirtió en la medida estrella de su Gobierno ante la crisis sanitaria.
Hoy las grandes carpas blancas de las instalaciones prefabricadas para albergar hasta 1.100 pacientes son perfectamente visibles junto a tres de los centros sanitarios de referencia de la región: La Fe en Valencia y los hospitales generales de Alicante y Castellón. Sin embargo, ninguno de ellos ha llegado a acoger enfermos de covid, según la Conselleria de Sanidad porque el sistema valenciano pudo asumir una incidencia que fue menor que en otras autonomías.
Pese a convertirse en la medida estrella del propio Ximo Puig durante lo más crudo de la pandemia, nueve meses después y ante su escaso uso esas grandes carpas se han convertido en objeto de polémica, precisamente en un momento en que el PSOE arremete contra el hospital especializado que ha creado la Comunidad de Madrid. En el caso valenciano, la principal incógnita sigue siendo el coste que tendrán esas instalaciones para las arcas públicas valencianas. Las cifras que se manejan actualmente multiplican los 4 millones de euros que la Generalitat fijó como presupuesto inicial tras su anuncio.
Los tres hospitales de campaña se adjudicaron pocos días después del anuncio del líder socialista valenciano, mediante procedimiento de emergencia y por tanto sin concurso público ni competencia, a Ingeniería de Desarrollos de Alta Tecnología (Idat), una filial creada apenas unas semanas antes por la firma zaragozana Hispano Vema, proveedora del Ministerio de Defensa. El contrato, de la Agencia Valenciana de Emergencias dependiente de la Consejería de Justicia, fijaba un importe de 4,8 millones de euros con impuestos para los tres hospitales de campaña y "la dotación de equipamiento básico para su funcionalidad y la instalación de sistemas de datos y comunicaciones".
Pero ese no fue la única adjudicación a esa empresa recién creada. Unos días después, la Consejería de Sanidad adjudicó de emergencia otro contrato para el equipamiento médico de los hospitales de campaña, por otros 4,16 millones. Además, Idat se hizo justo el día después de que Puig anunciase el plan de los hospitales prefabricados con otro contrato que no tenía que ver con esos centros y menos aún con su actividad como ingeniería: 431.255 euros para suministrar 375.000 mascarillas y 10.000 litros de gel hidroalcohólico.
El importe de las adjudicaciones oficiales para los hospitales de campaña se acerca en total a los 9 millones. Sin embargo, Idat reclama a la Generalitat Valenciana varios millones más por las obras y equipamiento de las instalaciones levantadas en Alicante, Castellón y Valencia. Un fuerte incremento que la compañía atribuye a modificaciones introducidas en el proyecto inicial a petición de la Administración valenciana.
Se da la circunstancia de que aunque fue la Consejería de Justicia la que adjudicó el primer contrato, quien realmente supervisó y certificó los nuevos hospitales para su uso fue Sanidad. Así, este departamento solicitó mejoras en los trabajos, como la conexión de las instalaciones provisionales con los hospitales ya existentes mediante pasarelas extensibles, que según Valenciaplaza el contratista valora en 2,4 millones extra, o ampliar el espacio para cada paciente y sustituir los baños inicialmente instalados por otros más acordes a los criterios sanitarios.
Investigación abierta
La polémica por el tira y afloja entre la empresa y la Administración valenciana por los costes reconocidos y otras diferencias en el contrato, como el cumplimiento de los plazos de ejecución, no solo ha servido de combustible a la oposición del PP. También la Agencia Valenciana Antifraude, un organismo independiente impulsado precisamente por el Gobierno de coalición apoyado por socialistas, Compromís y Podemos, ha abierto una investigación para averiguar si los procedimientos de contratación han cumplido la ley, según confirmó su director, Joan Llinares en una entrevista en À Punt. La Agencia Antifraude estudia si se han cumplido los requisitos mínimos a la hora de contratar, por un lado, y también el grado de ejecución de los contratos, por el otro.
La irrupción del organismo anticorrupción, que ha criticado al Ayuntamiento de Valencia por el uso masivo de contratos menores, supone un golpe para la estrategia de Puig y de su Gobierno como alternativa frente a los casos de corrupción de los anteriores ejecutivos regionales del PP.
El uso de los contratos de emergencia
Una de las consecuencias del estado de alarma y la crisis por el coronavirus ha sido convertir los contratos de emergencia en una herramienta casi diaria para simplificar y agilizar esos procedimientos. En el caso del Gobierno valenciano, eso ha provocado la reacción de la oposición, como el PP que criticó que se adjudicasen contratos por 9 millones a una sociedad recién creada sin experiencia y con apenas 3.000 euros de capital. Los populares también reclaman una comisión de investigación parlamentaria.
El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, destacó que las contrataciones de emergencia "no suponen que puedas hacer lo que quieras" y que los organismos europeos alertan de que estos mecanismos son propicios para que se produzcan conductas corruptas.
Por su parte, Ximo Puig defendió que se siguieron "los cauces legales" para dar una "respuesta rápida y útil". Sobre la reclamación de la contrata, aseguró que "son las lógicas de la discusión que aparece cuando uno defiende el interés general y las empresas defienden sus intereses".