Valladolid/Madrid
Tras 42 horas de negociaciones, los ministros de Agricultura de la UE han logrado en la madrugada de este miércoles un acuerdo sobre la nueva Política Agraria Común que no recoge una de las principales demandas de nuestro país: una mayor flexibilidad en la aplicación de las nuevas exigencias medioambientales que tienen que cumplir los agricultores para cobrar las ayudas.
El nuevo modelo que entrará en vigor en 2023 reserva un 20% del presupuesto de los pagos directos a los denominados ecoesquemas, las nuevas condiciones medioambientales para cobrar las mismas ayudas que en el anterior modelo.
El último documento propuesto por Alemania, como presidencia de turno de la UE, ha sido aprobado por mayoría cualificada, con el único voto en contra de Lituania y las abstenciones de Rumanía, Bulgaria y Letonia.
El mayor punto de fricción entre los Estados miembros han sido las características de la nueva ayuda a agricultores y ganaderos que quieran ir más allá de los requisitos obligatorios y adopten medidas adicionales en favor del clima y el medio ambiente. Finalmente, los Veintisiete han pactado dedicar un 20% de los pagos directos a los llamados ecoesquemas.
La introducción de este límite inferior ha generado muchas dudas entre las capitales, sobre todo por la posibilidad de que los productores no puedan cumplir con los criterios climáticos adicionales y no sea posible repartir los fondos reservados para estos casos, informa Ep. El documento aprobado por los socios comunitarios prevé una serie de medidas de flexibilidad pero muy lejos de lo demandado por el ministro de Agricultura, Luis Planas.
En concreto, el pacto de los ministros de Agricultura contempla que, durante los dos primeros años de aplicación (2023 y 2024), los fondos para ecoesquemas no gastados a partir de un porcentaje del 10% se puedan dedicar a otras intervenciones.
La postura del Gobierno español era la de que la flexibilidad se extendiese durante todo el periodo, es decir, hasta 2027, y no sólo los dos años aprobados para no perder fondos si no se llegaba a los objetivos estipulados.
En el conjunto del periodo
"Tiene que haber flexibilidad en su aplicación. Tenemos que aplicar ese gasto mínimo sobre el conjunto del periodo, teniendo en cuenta no sólo el aprendizaje 2023-2024, si no en el conjunto de este periodo 2025-2027", aseguró Planas en la primera sesión.
Planas ha reconocido que la propuesta aprobada es "imperfecta aunque muy buena porque España ha cumplido todos los objetivos que se había planteado».
El acuerdo de los ministros de Agricultura da vía libre a la tramitación del nuevo modelo, que exige un acuerdo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento en los trilogos.
Además, los países deberán elaborar los llamados Planes Estratégicos, en los que se determinarán importantes aspectos como quien cobrará las ayudas (agricultor genuino) o el establecimiento de un importe máximo de 100.000 euros.
La nueva política agraria común no entrará en vigor hasta 2023 y contará con un presupuesto para los próximos siete años de 390.000 millones. A España le corresponden unos 47.700 millones.
El director de Relaciones Internacionales de Asaja, Ignacio López, ha advertido este miércoles que "todavía hay que destripar el acuerdo", a la vez que ha recordado que el Parlamento Europeo debe terminar la votación de las enmiendas del documento que defenderá finalmente.
Además ha añadido que todavía se deberá negociar en los trílogos el acotamiento presupuestario de los ecoesquemas, que el Parlamento quiere elevar hasta el 30% "aunque habrá presiones para que sea incluso mayor".
