El Tribunal de Cuentas Europeo anunció este jueves que ha comenzado sus trabajos para auditar el "diseño, implementación y efectividad" de la vigilancia presupuestaria a España y otros cuatro países tras los rescates financieros durante la crisis de la pasada década.
En un comunicado, los auditores europeos dijeron que su trabajo, que esperan concluir a mediados de 2021, revisará las misiones de vigilancia posprograma a Irlanda, Portugal, España, Chipre y Grecia, los cinco países que recibieron asistencia del fondo de rescate europeo tras la crisis financiera.
"La auditoría revisará si la Comisión adoptó las medias relevantes donde fueron necesarias para permitir a estos Estados miembros mantener una posición económica y financiera sensata, y si aportó a los acreedores suficientes garantías en cuanto a la capacidad de devolución", dijo el Tribunal de Cuentas.
En el caso de España, el Eurogrupo concedió el 9 de junio de 2012 una línea de crédito al país de hasta 100.000 millones de euros de ayuda directa a los bancos debido al desequilibrio de los balances de las entidades financieras por culpa de la burbuja inmobiliaria.
El caso español de ayuda financiera es diferente a los modelos griego, portugués, irlandés y chipriota, puesto que no se rescató a toda la economía del país.
De los 100.000 millones de ayuda a España, el Estado solo gastó 41.333
Por ello el Eurogrupo no exigió condiciones de ajuste macroeconómico al Gobierno, ya que las medidas se limitaron sólo al sector financiero, pero se introdujeron requisitos en materia de gobernanza y un estricto seguimiento de la banca y se vigilaron de cerca las reformas laborales y ajustes fiscales. España solo utilizó 41.333 millones del total disponible y el rescate duró 18 meses hasta su cierre en enero de 2014.
Las misiones de vigilancia posprograma tienen como objetivo asegurar que los Estados miembros que han recibido asistencia pueden devolverla, evaluar su situación económica, financiera y fiscal e identificar "riesgos a su viabilidad a medio plazo".
En los rescates tradicionales, esta vigilancia implicaba las visitas sobre el terreno de expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate de la eurozona.
La auditoría, cuya finalización se prevé para mediados de 2021, también estudiará la idoneidad de la supervisión posterior a los programas como herramienta de seguimiento del Fondo de Recuperación Económica, actualmente en fase de debate. Así mismo, Los auditores dijeron que intentarán tener en cuenta el impacto de la crisis del coronavirus en la evaluación de la Comisión Europea sobre las finanzas públicas de estos cinco países y su capacidad de devolución de los préstamos bajo la vigilancia reforzada.
