Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) negocian un nuevo deshaucio express en los casos de ocupación ilegal de viviendas -los llamados okupas- que permita recuperar el inmueble en apenas 48 horas y no en 30 días como establece la normativa actual. El presidente del PP, Pablo Casado, aboga así por una Ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incluya recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión y que facilite a la Policía poder echar a los okupas en un máximo de 48 horas.
El líder del PP señala que el Grupo Popular ya ha registrado en el Congreso una proposición de ley antiokupas con cinco puntos fundamentales: en primer lugar, recuperar el delito de usurpación que lleve aparejada condenas de uno a tres años de cárcel. Según señala, el PSOE "lo rebajó a multas".
El plan de Casado
En segundo lugar, apunta que el PP quiere que el desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se pueda hacer en 24 horas o en un máximo de 48 horas, dando plena seguridad jurídica a los servidores públicos".
Los populares indican que en esa ley plantean prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas como está pasando ahora. "Es el colmo, se empadronan para recibir ayudas sociales y se empadronan además para que sus legítimos propietarios no les puedan desahuciar ya que se considera al estar empadronados como su morada", enfatizan.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se muestra abierto a modificar la normativa y a negociar con PP y Cs
El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido que es un asunto que debe abordarse de nuevo por el poder legislativo. "Este asunto no ha dejado nunca de ser motivo de preocupación", señala. El ministro está abierto a acuerdos con el PP y Ciudadanos.
"Lo estamos estudiando", indica en relación a estas propuestas parlamentarias, "pero insisto, hay mecanismo ya", añade. Según ha explicado el ministro, la actual legislación contempla "actuaciones inmediatas, rápidas" para conseguir que el propietario de una vivienda pueda acceder a ella.
La ley actual
La normativa actual a la que se refiere el ministro de Justicia es la Ley 5/2018 de 11 de junio por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupación ilegal de viviendas, que entró en vigor el 2 de julio de 2018.
Según explican los expertos de Legálitas, el objetivo de la normativa es que las personas físicas, las entidades sin ánimo de lucro y las administraciones públicas que se hayan visto privadas de sus viviendas sin su consentimiento puedan recuperar la posesión de estas de manera inmediata. Quedan excluidos de esta ley las entidades financieras y los fondos propietarios de casas vacías que hayan sido ocupadas.
Uno de los principales motivos para llevar a cabo esta reforma era poder terminar con las mafias de pisos. Estas organizaciones, conociendo la lentitud de los trámites de los desahucios, localizaban inmuebles vacíos y los alquilaban a personas en situación de exclusión social por un precio de hasta 1.000 euros al mes. Los propietarios de dichas viviendas podían tardar hasta dos años en recuperar estas casas ocupadas.
Cuando se notifica la demanda a los ocupantes se les informa de su derecho a recibir ayuda de los servicios sociales. Y al acordar la entrega de la vivienda y el desalojo de los ocupantes, se comunicará a los Servicios públicos competentes en materia de política social, para que el plazo de 7 días, adopten las medidas de protección que en su caso procedan, según está previsto en la acual normativa.
