Economía

El Gobierno modifica la ley de sociedades de capital para fomentar la implicación de los accionistas

  • Se trata de una transposición parcial de la directiva comunitaria de 2017
  • Las cotizadas a identificar a los accionistas para fomentar su participación
La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: EP

El Gobierno ha aprobado este martes un proyecto de ley por el que se modifica la ley de sociedades de capital para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de una transposición parcial de la directiva comunitaria de 2017, que cuenta con el informe del Consejo de Estado y de la que ya fue informado el equipo de Gobierno en primera vuelta el pasado mes de marzo.

Según ha detallado Montero, su objetivo es mejorar el buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo. "Ello va a contribuir a sostener el crecimiento económico, así como la creación de empleo y de valor para el conjunto de las sociedades", ha indicado.

Entre las medidas que recoge el proyecto de ley está el derecho de las cotizadas a identificar a los accionistas para facilitar su participación activa y su implicación en el desarrollo de la sociedad.

También figura la obligación a las instituciones de inversión colectiva (IIC) a publicar su estrategia de inversión en las sociedades cotizadas, y se regula con mayor detalle el contenido que tiene que incluir la política de remuneración de los miembros del consejo de administración.

El proyecto de ley incrementa  igualmente la transparencia de las operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses y se incorporan otras medidas orientadas a mejorar la competitividad de los mercados de valores.

Montero ha señalado que el texto, que ha sido elaborado entre el Ministerio de Asuntos Económicos y el de Justicia, tendrá "importantes repercusiones positivas en la sostenibilidad de las empresas, el bienestar de los trabajadores y la competitividad de los mercados".

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