Madrid
Este martes se somete a trámite de audiencia pública el anteproyecto de ley del suelo, uno de los proyectos estrella de la Junta de Andalucía. Hasta 14 son los objetivos que el gobierno de coalición del PP y Ciudadanos, sustentado por Vox, aspira a conseguir con la nueva regulación. Dos son los principales: simplificar la legislación actual y facilitar el desarrollo de iniciativas públicas y privadas de especial relevancia para la Comunidad Autónoma por "su magnitud, su proyección económica y social o su importancia para la estructura territorial".
En defintiva son dos caras de una misma moneda. Sin una tramitación agil y pronta, es muy difícil que puedan prosperar nuevos negocios en la región. Según Manuel Mingorance, fundador de Mongorance Business Lawyers, uno de los principales asoserores para los inversores nacionales y extranjeros interesados por Andalucía, actualmente hay proyectos residenciales, turisticos, pero también industriales, de inversores paralizados en medio de una maraña jurídica e, incluso, judicial. El abogado cifra en varios miles de millones de euros el valor de los proyectos pendientes.
Normativa obsoleta
Fuentes de la Consejería de Fomento, responsable de la LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), destacan la necesidad política de actualizar la legislación andaluza. De hecho, el anterior Gobierno socialista tenía un proyecto en ciernes que no llegó a elevar al Parlamento por las elecciones. "En este texto se han recogido los puntos de consenso", señalan fuentes de la Junta.
Varias son las novedades jurídicas del anteproyecto que ahora se somete a información pública. Entre las más relevantes está la unificación de las normativas de ordenación del territorio y urbanística. Si el texto presentado sale adelante sustituirá a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) de 2002 que ha sufrido once modificaciones de calado y la Ley de Ordenación del Territorio de 1994 y con otras tantas reformas a lo largo de sus 25 años de vida.
Mingorance, sin entrar en el transfondo de la futura norma, resalta como una de sus principales virtudes del actual proyecto es poner orden en la normativa jurídica actual.
"La normativa del suelo es un problema histórico en Andalucía que se ha ido parcheando según se iban detectando problemas. La modificación era una necesidad técnica y ya lo intentó el anterior Gobierno".
Para la Consejería de Fomento su principal virtud es la "simplificación. A pesar de contar con 178 artículos y 24 disposiciones entre adicionales, transitorias, derogatorias y finales, supone una reducción del 30% de los artículos que regulan actualmente las competencias de ordenación del territorio y el desarrollo urbanístico.
Actualmente hay atascados casi 500 planes generales de urbanismo municipales
Una simplificación que redundará en la agilización de los trámites. Como se destaca desde la Junta, y corrobora el abogado andaluz, la aprobación un Plan General de Urbanismo de los municipios de la comunidad exige entre 8 y diez años de tramitación. El objetivo es reducir los plazos a un año y medio, dos como máximo, aligerando los informes técnicos exigidos.
Pero además de acelerar la aprobación de los futuros planes, busca romper la rigidez actual. Para ello, la Junta propone desdoblarlo en dos: un primer Plan de Ordenación Municipal, que marca el modelo general de ordenación del municipio, y un segundo, el Plan de Ordenación Urbana, de ordenación de la ciudad. Este segundo se crea para poder dar respuesta a las necesidades de regeneración y rehabilitación que vayan surgiendo, sin tenerlo que modificar el Plan de Ordenación Urbana.
Se puede dar de esta forma respuesta rápida a proyectos urbanísiticos, ya sean residenciales, turísticos o industriales. Mingorance insiste en este punto, pues una gran parte del coste de cualquier proyecto de inversión de este tipo es el tiempo de tramitación. Y eso depende de la norma que lo regula, dice.
Pero acelerar los trámites es una parte, la otra es dotar de mayor seguridad jurídica a los posibles inversores. Fuentes de la Consejería de Fomento señalan que la actual normativa ha generado abundante litigiosidad y cuentifican en 496 los Planes Urbanísiticos paralizados que deben volver a ser tramitados.
La norma supone, como dice Mingorance, un cambio de paradigma en la visión del territorio como un recurso. De hecho, el fomento de actividad económica está en el centro de la futura ley del suelo.
Pero desde la Junta aclaran que se velará para que todos los proyectos sean, por este orden, viables desde el punto de visto social, ambiental y económico. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha dicho que esta ley está lejos de permitir la especulación de los tiempos del Gil, ex alcalde de Marbella. "Está lejos de propiciar un nuevo boom inmobiliario", dicen en la Consejería responsable del proyecto.
