El Gobierno argentino negocia contrarreloj con los acreedores para acordar una reestructuración de la deuda externa por 62.800 millones de euros. Si no se cierra antes del 22 de mayo, Argentina entraría oficialmente en default (banca rota) por primera vez tras la cesación de pagos de 2001. Estas conversaciones son aprovechadas por algunos de los grandes jugadores del mercado para evadir divisas, lo que genera inestabilidad política y presiona a la Casa Rosada.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, ofreció a los tenedores de bonos en moneda extranjera con ley estadounidense un canje por nuevos títulos con tres años de gracia, una quita del 5,4% del capital y del 62% de intereses. El interés propuesto para los nuevos instrumentos es, en promedio, del 2,33%, muy por debajo del rendimiento de los actuales títulos (cerca del 8% anual), aunque por encima del promedio internacional, que raya el cero. Esta propuesta caducó el 8 de mayo, pero consiguió un escaso aval entre los inversores, por lo que el presidente, Alberto Fernández, decidió extenderla mientras continúan con el diálogo.
Guzmán además se mostró abierto a recibir propuestas de los fondos de inversión, siempre que coincidan con los alineamientos del Palacio de Hacienda y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo multilateral había calculado que se precisa un recorte de entre 55.000 y 85.000 millones de dólares en los pagos del pasivo en moneda extranjera para los próximos diez años. "El alivio de la deuda necesario debería reducir las necesidades de financiación bruta de Argentina a un promedio del 5% del PIB", estimó el Fondo en marzo.
'Cepo cambiario'
Esta situación de incertidumbre es aprovechada por los grandes inversores para acopiar dólares. El anterior Gobierno de Mauricio Macri, instaló un cepo cambiario en agosto de 2019, por el que solo se permiten compras de hasta 200 dólares mensuales de parte de individuos; las empresas no pueden acceder al mercado excepto las im- portadoras aprobadas y solo para ejercer su actividad.
Por eso, en las últimas semanas las compras de los especuladores presionaron las cotizaciones del tipo de cambio oficial, del bursátil y del mercado negro, hasta el punto de generar preocuación en la Casa Rosada.
El ente regulador del mercado, la Comisión Nacional de Valores, restringió a finales de abril la cantidad de moneda extranjera que pueden tener en cartera los fondos de inversión, lo que desinfló gran parte la demanda. Pero tras la caducidad del primer plazo de la oferta de canje de deuda, sin resultados, los grandes empresarios y las compañías empezaron a operar en la bolsa argentina el dólar contado con liqui y MEP, que consiste en la adquisición de bonos o acciones en la plaza local con pesos y su reventa en divisas o su giro al NYSE para su liquidación allí en dólares.
Por esto, la autoridad monetaria junto al Ministerio de Economía analizan distintas opciones para frenar las subidas en estos mercados paralelos, confirmaron fuentes oficiales a elEconomista. Si bien esto no repercute de forma directa en las reservas internacionales del Banco Central, sí por vía indirecta, además de generar malestar en el mundo financiero y hacer crecer la demanda del oficial.
"Argentina sigue en una situación de inestabilidad. El cambio oficial va a ir moviéndose con la inflación. Con estabilidad macroeconómica se generaría también estabilidad en los mercados cambiarios alternativos", aclaró el titular de Hacienda a Reuters. "Argentina tiene un problema de integración en los mercados internacionales relacionado con varios factores", agregó.
Mayor flexibilidad
Guzmán señaló que en un contexto de alta ansiedad en la economía, el gobierno anterior implementó controles de capital "muy rígidos". "Argentina necesita unas regulaciones más flexibles. Para eso tenemos que construir robustez, acumular reservas que sostengan un mercado interno de deuda en pesos, determinantes para que el país pueda endeudarse en pesos", señaló.
Todo esto se produce en el contexto de la pandemia y la cuarentena que aplicó el Gobierno el 20 de marzo. Si bien desde esta semana se flexibilizó para varios sectores en la mayoría del país (en la metrópoli de Buenos Aires), aún muchas empresas deben permanecer cerradas o con horarios reducidos para minimizar el contagio.
Ante el parón económico, el Gobierno inyectó el equivalente al 5,6% del PIB en la economía para amortiguar el impacto de la enfermedad. Hasta ahora, el Estado ya pagó la mitad del salario de más de 1,2 millones de trabajadores del sector privado y todavía le resta abonar la parte correspondiente a 600.000 empleados adicionales.
El programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP) se aplicará también a los salarios de mayo debido a la extensión del aislamiento preventivo obligatorio.
