El Gobierno de Pedro Sánchez sigue con sus tijeras aplicando recortes a partidas que corresponden a las comunidades autónomas, ahora que no le cuadran las cuentas públicas, y que incluso admite que no sabe qué ingresos va a recaudar en 2020. La última de las acciones es la que llevó a cabo la ministra de Trabajo, este miércoles, con un rosario de críticas de al menos siete regiones: entre ellas Galicia, las gobernadas por PP y Cs -Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León- y, Cataluña y País Vasco.
Después de que el Ministerio de Hacienda eliminar la devolución de 2.500 millones de euros en concepto del IVA de diciembre de 2017, y de que el departamento que dirige María Jesús Montero todavía mantenga paralizados los retrasos de las entregas a cuenta de 2019, por cierto, denunciados ante la justicia, Yolanda Díaz ha avanzado que el Estado se va a quedar de las Políticas Activas de Empleo de 2021 -cuya autoridad laboral corresponde a las autonomías- la Acción Formativa para el Empleo, es decir, 1.300 millones de euros.
La justificación, explicó la titular de Trabajo, es que ese dinero va a ir destinado a la prestación por desempleo en lugar de a la formación a trabajadores que se quedan en el paro, mientras continúa la pata que solo va al Empleo con 1.048 millones. La noticia, de la que fueron informadas las CCAA apenas unas horas antes de la reunión telemática entre Díaz y los responsables autonómicos de ésta área, ha desencadenado enorme malestar y reproches de dos grandes socios de la investidura de Pedro Sánchez: el PNV y de ERC.
Para el Gobierno Vasco, el Ejecutivo progresista ha actuado por decretazo, con una nueva imposición
Para el Gobierno Vasco, el Ejecutivo progresista ha actuado por decretazo, con una nueva imposición, ha dejado desamparadas políticas indispensables, esto es una invasión de competencias que atenta contra las necesidades de los parados.
Desde Cataluña, mantienen que la medida afecta a los derechos de los trabajadores y deja sin herramientas a los servicios públicos de Empleo.
Madrid critica que el Gobierno de Sánchez haya tomado esta medida, otra vez sin consultar a nadie
La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Empleo que dirige Manuel Giménez, además de mostrarse contraria a la actuación vía decreto de Díaz, ha enviado una carta a la ministra, a la que ha tenido acceso elEconomista, en la que se afea a este ministerio por haber tomado las medidas, "otra vez", sin mediar consulta alguna, por cuestionar la autoridad laboral que recae sobre las comunidades autónomas, y por no haber dado opciones alternativas "con resultados ágiles y fáciles de aplicar en términos administrativos", en un momento en el que los trabajadores en paro necesitarán de cursos de formación para adaptarse a la nueva situación post-coronavirus. Además -añade la CAM- también "la información de los ERTEs ha sido insuficiente".
La política de Hacienda
Fuentes del Ministerio de Hacienda no comparten que el Gobierno de España haya empezado a meter la tijera en las finanzas de las comunidades autónomas, y en su haber subrayan que las CCAA recibirán del sistema de financiación entre entregas a cuenta y liquidación n-2, 115.887,2 millones de euros. Una cifra que supone 7.906,75 millones más que el año anterior, un 7,32% más.
Además, sostienen las mismas fuentes, parte del dinero del sistema de FFAA se está adelantando para suministrar mayor liquidez. Recientemente se actualizaron las entregas a cuenta, con un adelanto de 2.862,55 millones. La mitad de este importe ya se ha abonado y la otra mitad se estipula que se pagará en torno al 17 de abril.
Asimismo, remarcan el Fondo Social Extraordinario o las transferencias del fondo de contingencia a Sanidad que, repercuten en las CCAA.
