AEAT vigila 103 millones inmuebles para prevenir fraude fiscal

Madrid, 16 nov (EFECOM).- La Agencia Tributaria se ha hecho ya con el historial de 103 millones de bienes inmuebles españoles con el objetivo de controlar a los contribuyentes que han participado en su transmisión e identificar las posibles "bolsas de fraude fiscal".

Durante unas jornadas organizadas por la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios, el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, aseguró hoy que contar con el historial de viviendas, garajes y otros bienes inmuebles (incluidos trasteros) es un "paso muy importante" en un mercado "con un nivel de opacidad importante" como el inmobiliario, donde se ocultan plusvalías para no pagar impuestos.

A preguntas de los periodistas, Pedroche dijo que el listado de bienes inmuebles que posee la Agencia Tributaria abarca la práctica totalidad de los que existen en España, ya que sólo los ilegales escapan a su control por no estar inscritos en el registro de la propiedad o el catastro.

En el plan de prevención del fraude fiscal, la Agencia Tributaria también está haciendo "acopio de información de los más importantes desarrollos urbanísticos".

De hecho, ha empezado a solicitar a los ayuntamientos la información de los convenios urbanísticos singulares que hayan suscrito; a las juntas de compensación los detalles de los intervinientes en las transacciones y a los arquitectos, la información de todos los proyectos inmobiliarios que se han presentado para visarse, especialmente los relativos a costes.

Estas y otras medidas permitirán a la Agencia tener una "estrategia de inspección y control integral, en la que no se investiguen personas concretas sino personas relacionadas entre sí", susceptibles de formar tramas de fraude, declaró Pedroche.

Como consecuencia de la nueva ley de medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, aprobada el pasado 2 de noviembre por el Parlamento, la Agencia Tributaria también ha empezado a conversar con las empresas suministradoras de energía (fundamentalmente, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa) para facilitarles la referencia catastral de la mayoría de los inmuebles donde prestan servicio.

La nueva ley, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, exigirá la identificación de la referencia catastral, no sólo en la escritura pública, sino en los contratos de arrendamiento y de energía, con el fin de "identificar si se corresponde con el titular del inmueble" y dificultar así el fraude fiscal.

Por tanto, a partir de enero las empresas suministradoras de energía estarán obligadas a consignar la referencia catastral de los inmuebles en los nuevos contratos, mientras que para los antiguos tendrán un período transitorio de seis meses. EFECOM

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