Madrid, 2 nov (EFECOM).- El pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy el proyecto de ley de medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, con la admisión de 27 enmiendas de las 32 que fueron aprobadas en el trámite del Senado.
El proyecto de ley de Prevención del Fraude Fiscal es complementario a la reforma fiscal y a las medidas del Plan de Prevención puesto en marcha en febrero 2005 y que contenía unas trescientas actuaciones concretas para perseguir los fraudes más graves y complejos y mejorar el cobro de la deuda descubierta.
Por ello, gran parte de las medidas pretende mejorar la investigación por parte de la Inspección y evitar la ocultación de rentas, ya sea a través de tramas de fraude o de paraísos fiscales.
Entre las enmiendas aprobadas hoy, destaca la reducción del 25 por ciento del recargo devengado en caso de regularización voluntaria mediante la presentación de declaraciones fuera de plazo por parte del contribuyente.
Asimismo, otra de las enmiendas pactada por CiU y el PSOE permite rebajar las multas que se imponen a las empresas por conjunto de datos omitidos, inexactos o falsos en las obligaciones de documentación de operaciones vinculadas hasta 1.500 euros cuando se vea afectado un solo dato y 15.000 euros cuando sean más, cantidad única que se pedía anteriormente para ambos casos.
Además, otra enmienda acordada por los mismos partidos permitirá a los grupos de entidades optar por la aplicación del régimen especial y presentar declaraciones agregadas de sus cuotas a ingresar y a devolver o compensar.
En el sector inmobiliario, la ley establece la exoneración de responsabilidad cuando no exista la referencia catastral o no pueda ser conocida, ya que se considera que esa referencia catastral se encuentra en el recibo del IBI, en las certificaciones catastrales, en las escrituras públicas o en la información registral.
En este sentido, también se ha acordado que la Administración Tributaria facilite a las compañías suministradoras de electricidad las referencias catastrales correspondientes a los inmuebles afectados por los suministros.
Inicialmente, la ley preveía que para evitar el pago con dinero negro en la compra de inmuebles, las escrituras públicas de compraventa de un inmueble incluyeran los medios de pago utilizados y la referencia catastral del inmueble.
También introducía la obligación de incluir la referencia catastral de la vivienda en los contratos de arrendamiento y en los de suministro de energía eléctrica, con el fin de descubrir los alquileres no declarados.
Sobre los paraísos fiscales, se considerarán residentes las entidades o sociedades radicadas en un paraíso pero que tengan sus actividades en España.
También se extiende al pago de las sanciones la responsabilidad solidaria de quienes colaboran en la ocultación o transmisión de bienes de un defraudador o incumplen las órdenes de embargo.
En tramas de IVA, la norma aplicará una retención del uno por ciento (en vez del tres por ciento previsto) en las facturas emitidas por determinados empresarios por los bienes o servicios prestados a otros para evitar así facturas falsas.
Para impedir que sociedades ficticias actúen o participen en tramas de fraude, el proyecto de ley establece que la revocación del NIF impedirá acceder a los registros públicos y hacer abonos o cargos en las cuentas.
En operaciones vinculadas, para evitar simulaciones de precios o pagos, la norma establece que la Administración determinará el valor de la operación teniendo en cuenta los precios de mercado, salvo que la sociedad documente suficientemente el valor declarado.
Con el fin de exigir el pago de las deudas tributarias descubiertas a quien de verdad tenga el control efectivo de las sociedades ficticias, la Administración tributaria podrá actuar sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Asimismo, se acordó articular las medidas oportunas para asegurar la adecuación de la actividad desarrollada por los funcionarios de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, de Auditoría y Contabilidad y de Gestión Catastral.
También se rebaja la responsabilidad subsidiaria con la que el Gobierno pretende acabar con las tramas del IVA, al establecerse como precio notoriamente anómalo el que sea sensiblemente inferior a los precios de mercado.
Durante su intervención, Ana Madrazo del PP, criticó el proyecto de ley por no ser capaz de solucionar el fraude, mientras que Gaspar Llamazares, de IU-ICV, destacó que "no hay voluntad política" para luchar contra él. EFECOM
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