Aurora Sanz, socia y responsable de Laboral de la consultora Grant Thornton, explica a elEconomista sus reflexiones:
Las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros me parecen insuficientes y cortoplacistas. Hay medidas positivas y que funcionarán en un momento como el actual, pero se echan de menos otras.
Facilitan ERTE por fuerza mayor y por causas productivas, organizativas y técnicas, acelerando y acortando el plazo de las negociaciones, pero hay muchos asuntos que el gobierno ha dejado de lado como, por ejemplo, la falta de prestación a los progenitores por cuidado de menores o las pautas claras que deben seguir las empresas cuando hay contagios.
También veo positivo que se pueda acceder a una prestación por desempleo sin disponer del periodo mínimo de cotización, así como que la prestación recibida ahora no reste sobre el periodo total al que un trabajador tiene derecho.
Sobre los avales puestos a disposición de las empresas, la pregunta es si serán suficientes o el gobierno se ha quedado corto. Además, los avales no garantizan que la producción vaya a reanudarse como si nada hubiese pasado una vez volvamos a la normalidad.
En definitiva, lo aprobado hoy por el gobierno parecen medidas puntuales, y echo de menos un verdadero plan completo y ambicioso para afrontar una situación de crisis como la actual.
Empresas y trabajadores
A parte de las medidas de las administraciones, sobre las alternativas que tienen las empresas antes de llegar a la aplicación de ERTE están el teletrabajo y negociar con la parte social –los representantes sindicales de la plantilla- cambios en el calendario. En este punto se pueden incluir vacaciones, bolsa de horas, permisos no retribuidos y formaciones, entre otros.
Respecto a los trabajadores, si no hay confinamiento total y se requiere su actividad presencial, deben acudir a trabajar si su empresa sigue activa. No obstante, si la compañía no garantiza la seguridad de forma mínima, apelando a ello de forma justificada podría negarse.
En general, creo que hay un sinsentido entre el alarmismo y los llamamientos al confinamiento, y el hecho de no paralizar la actividad.
Interrogantes abiertos
Por su parte, Ricardo Oleart, del bufete Oleart, especialista en Derecho Laboral, hace una primera valoración "ambivalente" de las nuevas medidas anunciadas este martes por Pedro Sánchez, y se muestra crítico con la acción del Gobierno hasta ahora. A continuación desarrolla sus opiniones:
Veo positiva la reforma introducida en materia de ERTE, particularmente la consideración de la crisis del coronavirus como causa de fuerza mayor para la suspensión o reducción de jornada, así como la automaticidad en la exoneración o reducción de las cotizaciones empresariales durante ese período.
Asimismo, considero interesante la reformulación del procedimiento de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, aunque no se entiende que se haya aprovechado la coyuntura crítica para sindicalizar la negociación del expediente.
Por contra, la regulación del derecho a la adaptación y a la reducción de la jornada para cuidar a familiares está regulada en términos tan imprecisos, prolijos y confusos que va a ser inevitablemente fuente de inseguridad y conflictividad jurídica, en un contexto en el que se requeriría todo lo contrario. Parece escrita por alguien que viva ajena a la situación del momento.
Como botón de muestra, baste decir que reconoce un derecho cuyo ejercicio debe acordarse, pero si no hay acuerdo, se prevé que el conflicto lo resuelva el juez de lo Social.
El Decreto de declaración del estado de alarma no abordó las cuestiones laborales y de Seguridad Social derivados de la crisis del coronavirus, que ha abierto numerosos interrogantes para empresarios y trabajadores, como qué medidas de seguridad y salud extraordinarias deben implementar las empresas que continúan su actividad productiva, o si pueden las empresas obligar a teletrabajar a los trabajadores.
Lamento la falta de previsión y la improvisación. De haberse actuado con diligencia, nuestra situación sería bien distinta
Lamento la falta de previsión y la improvisación. De haberse actuado con diligencia, nuestra situación sería bien distinta. Había signos inequívocos de lo que venía, como la cancelación del Mobile World Congress en Barcelona, y no quisieron verse.
Ayuda a la recuperación
De otra parte, la situación económica y laboral cuando pase la crisis sanitaria va a ser muy mala; espero que las reformas acometidas y futuras estén regidas por el realismo –no por la ideología- y ayuden a la recuperación.
Por ejemplo, la legislación laboral no está concebida pensando en una crisis como esta y el legislador debiera actuar con presteza para dotar a las empresas de un catálogo de instrumentos que permitan afrontarla con agilidad y responsabilidad social.
Creo que hay pocas alternativas a los ERTE si hay paro de actividad. No obstante, dada la situación de incertidumbre y parón general de la actividad económica, es probable que en muchas empresas, sobre todo pequeñas del sector servicios, se llegue a acuerdos individualizados que permitan afrontar la situación y satisfagan los intereses del empresario y de los trabajadores afectados. La autonomía individual sigue siendo un instrumento precioso para afrontar los problemas laborales.
Respecto al miedo a los trabajadores a acudir a su puesto de trabajo, el artículo 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entrañe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
Pero se trata de una medida extrema, solo factible si existe un riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador. Por consiguiente, la mera situación de riesgo genérico de infección si la empresa ha adoptado las medidas de prevención que las autoridades sanitarias han establecido no parece que pueda justificar el ejercicio de este derecho.
Plan ineficaz si se alarga la alerta
Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School, valora que el paquete de medidas se encuentra en la línea de los anunciados por otros países como Italia, Francia o Estados Unidos, si bien articulados de forma diferente:
Este paquete se apoya sobre la base de que la situación actual no se prolongue más allá de los dos o tres meses. En caso contrario, habrá sido totalmente ineficaz, claramente insuficiente y no permitirá una rápida recuperación de la economía.
Esta gran movilización de recursos sirve para tranquilizar, de forma temporal, a los mercados, y lanza un mensaje de tranquilidad y confianza a las empresas para que no despidan a los empleados, por lo que se apuesta por la flexibilización de los ERTE como un mal menor (frente a la alternativa del despido).
Busca que la economía tenga suficiente liquidez para evitar que haya un efecto dominó de quiebras por falta de cobros y pagos, que sería devastador y que conllevaría despidos definitivos, con lo que la anterior medida habría sido en vano.
El paquete de 200.000 millones es más un mensaje mediático que real, ya que no es dinero que realmente se vaya a inyectar en la economía
También hay aclaraciones sobre el montante de la cuantía económica que se movilizará: se trata de un paquete cuantificado en 200.000 millones de euros que da lugar a engaño, pues es más un mensaje mediático que real, ya que no es dinero que realmente se vaya a inyectar en la economía.
De hecho, esta cantidad representa el 16% del PIB del año 2019 y, de entrada, es una cantidad de tal magnitud que nuestro país no tiene ni por asomo, salvo que se endeude más de lo que ya está.
Detrás de esa cantidad y a la espera de que las medidas anunciadas se concreten (habrá que ver la letra pequeña de todo ello), lo cierto es que 100.000 millones es la cuantía del aval que el Estado otorgará a los bancos para que presten dinero a quienes lo necesiten de forma temporal.
Otros 83.000 millones de dinero que teóricamente se moviliza corresponde a recursos privados, algo que tampoco queda claro y que lo único que sabemos es que habrá moratoria en el pago de hipotecas y de suministros básicos para los colectivos más vulnerables, pero no hay más datos que permitan llegar a esa cifra, salvo los posibles préstamos adicionales que la banca pueda otorgar.
Riesgo de más deuda e impuestos
El resto son 17.000 millones, que es la cantidad que teóricamente va a inyectar el Estado en la economía y que tampoco quedan claros, pues sabemos que una parte de ellos, sobre 5.000 millones, servirán para hacer frente a los pagos derivados de los numerosos ERTE que se esperan.
En definitiva, del montante total anunciado, realmente el Estado podría llegar a aportar hasta 17.000 millones, y sólo en el caso de que la paralización de la economía obligue a las empresas a pedir préstamos que luego no puedan devolver, en cuyo caso, sí podría ocurrir que la banca aplicase el aval del Estado, que tendría que obtener los 100.000 millones vía aumento de la deuda pública en primera instancia, y aumento de los impuestos en segunda.
