Madrid
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la gestión de activos para los próximos años es la implicación de nuestra industria en la utilización de criterios ASG –es decir, criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo– en los procesos de gestión de inversiones.
En realidad, se trata de una tendencia de mercado a nivel mundial en la que no solamente está involucrada la industria de gestión de activos, sino también otros grupos como la banca, los reguladores y supervisores e incluso los Gobiernos. Estos últimos están más centrados en asuntos ambientales, por el momento, pero con importantes decisiones pendientes de tomar en este campo, como hemos podido comprobar en la reciente cumbre climática celebrada en España.
En cifras esta tendencia es clara; el crecimiento de los activos financieros con subyacente ASG a nivel mundial se sitúa cerca de un 34% desde 2016 a 2018, concentrándose en los mercados europeo y americano con volúmenes muy significativos e incrementos de más de dos dígitos, en este mismo periodo.
La legislación europea no es ajena a esta tendencia; muy al contrario, es uno de los motores de impulso para la implantación de estos nuevos criterios, con una batería de normas en plena aprobación en la actualidad.
La legislación europea es uno de los motores de la implantación de estos nuevos criterios
De todas las tendencias normativas, resaltaría dos. En primer lugar, aquellas normas tendentes a crear un criterio uniforme que permita determinar qué actividades han de ser consideradas sostenibles, y que por lo tanto unifiquen las definiciones y los conceptos; y, en segundo lugar, las normas tendentes a informar a los partícipes de nuestros fondos sobre su utilización en la selección de las inversiones de forma clara y concisa.
En el ámbito de gestión de activos todas las entidades gestoras vamos a estar impactadas, en mayor o menor medida, por este nuevo reto, ya que debemos posicionarnos en cuanto a la utilización o no de estos criterios y la importancia que cada entidad quiera darle en la gestión de nuestras carteras.
En todo caso, lo que va a mover la aguja a favor o en contra de esta tendencia es el interés creciente de los inversores por participar en ella y la convicción de cada una de las entidades en promover inversiones con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo como una realidad necesaria, tanto por responsabilidad colectiva como por el impacto positivo que pueden generar en las rentabilidades a medio plazo de las carteras.
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