Pocas veces se puede decir, en política, que todas las tendencias estén de acuerdo en algo. Este es el caso del modelo de financiación autonómica de España y la necesidad de reformarlo. El último cambio en él lo ejecutó el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Desde entonces, han pasado diez años en los que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez han hecho promesas para modificar cómo se sostiene económicamente a las regiones, pero en ninguna de las ocasiones estos compromisos se han hecho realidad. Y no parece que se vayan a poder dar nuevos pasos en esta dirección, al menos hasta 2020.
Y no es porque esta labor no se haya emprendido con anterioridad. Abrir el melón de la financiación autonómica en la democracia española no es habitual, pero tampoco tan extraño. Ha habido hasta seis modelos diferentes. El primero de ellos duró hasta 1986 y el resto en los años 1987 a 1991, 1992 a 1996, 1997 a 2001, 2002 a 2009 y desde el citado año hasta ahora. De esta manera, tanto Felipe González como José María Aznar, además del ya citado presidente Rodríguez Zapatero, modificaron el sistema que se le ha resistido tanto a Mariano Rajoy como a Pedro Sánchez y que requiere modificaciones urgentes, dados los cambios económicos y poblacionales que ha sufrido el país.
La intentona de Rajoy
Y ello a pesar de que la maquinaria necesaria para ello se ha llegado a activar. El caso más claro fue el del expresidente del Partido Popular, quien en el inicio de su segunda legislatura, en la Conferencia de Presidentes celebrada en 2017, logró cerrar un acuerdo para iniciar los trabajos para reformar la financiación autonómica ese mismo año. Pero, a pesar de que los ingredientes eran los adecuados –incluyendo cierto consenso con los ejecutivos autonómicos del PSOE–, fue en balde: se crearon comisiones para hacer una serie de estudios del terreno –sobre todo en el campo de las políticas sanitarias y de la despoblación y el envejecimiento– que no llegaron a ningún lado, entre otras cosas por la interrupción que supuso la moción de censura a Rajoy en junio de 2018.
Su sucesor, Pedro Sánchez, traía la misma promesa bajo el brazo. Con la idea de ponerla en marcha cuanto antes. De hecho, en los dos Consejos de Política Fiscal y Financiera a los que se tuvo que enfrentar una primeriza María Jesús Montero como ministra de Hacienda, la principal reclamación de las comunidades autónomas fue, sin importar el color político, la modificación del modelo de financiación. Una protesta generalizada, aunque más beligerantemente esgrimida por Comunidad Valencia, donde la infrafinanciación, como admiten desde Moncloa, ha causado estragos en su déficit y en su deuda pública.
Sin embargo, tanto la propia Montero como Sánchez admitieron que veían muy difícil que un nuevo modelo se pudiera elaborar y poner en marcha antes del final de la legislatura, aunque en aquel momento los socialistas esperaban poder aguantar en Moncloa hasta 2020. Con todo, el correspondiente grupo de trabajo se puso en marcha, con miembros de las autonomías y de Hacienda, aunque la celebración de elecciones y la situación de transitoriedad del Ejecutivo han provocado la interrupción de sus labores –en las que tampoco avanzaron demasiado, según ha podido saber elEconomista– sine die.
Nueva legislatura
El cambio de tercio y legislatura tras la celebración de las elecciones, tanto generales como autonómicas, supone una nueva oportunidad para la reforma de la financiación regional. A la espera de si los socialistas se mantienen en Moncloa, en el programa de gobierno que dieron a conocer en la primera intentona de investidura de Sánchez de hace tres semanas aparece su compromiso de llevar a cabo la revisión del modelo.
Concretamente, el presidente en funciones propuso un Estado autonómico "renovado", con un nuevo sistema de financiación "adecuado". Es más: en la colección de propuestas que el PSOE presentó para los comicios del 28 de abril se incluyó incluso establecer en la Constitución las condiciones del nuevo modelo.
En ocho meses
Pero este asunto ya no está solo en los papeles, sino también en las negociaciones de investidura del PSOE para lograr el voto favorable de los diputados del Congreso a Sánchez. Precisamente, es uno de los compromisos que le han arrancado los valencianos de Compromís a los socialistas, con plazos pactados: si Sánchez se mantiene al frente del Ejecutivo, tendrá que presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en ocho meses.
Pero, mientras tanto, hay asuntos más acuciantes para las arcas autonómicas, que siguen sin haber recibido el incremento de las entregas a cuenta previsto para este año, más de 5.000 millones de euros. Con todo, el Gobierno en funciones asegura que esta cuestión se solventará con un real decreto-ley, que aprobará en cuanto recupere la plenitud de sus competencias si se produce la investidura de Sánchez.
En cambio, de lo que sí se tendrán que despedir las comunidades autónomas es de los 2.500 de los millones que les corresponden a cuenta de la recaudación del IVA, tal y como ha confirmado Hacienda a la Autoridad Independientes de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
