Si en febrero el gasto de varios ministerios ya superaba el 50% de lo previsto para 2019, esta tendencia no ha hecho sino ir a más en los siguientes meses del año. Según indican los últimos datos de Hacienda, que datan de abril, los departamentos dependientes del Estado y del Gobierno ya habían ejecutado el 68,2% del gasto presupuestado para este año, por lo que no es descabellado pensar que tres meses más tarde ya hayan superado el 70%. Es decir, que el Ejecutivo cuenta con menos de un tercio de sus presupuestos para terminar el año.
En algunos departamentos, la capacidad de gasto está casi colmada. El caso más grave es el del Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Dolores Delgado ya había ejecutado el 93% de su gasto presupuestado en el cuarto mes del año, por lo que cabe pensar que se habrá agostado antes de que acabe 2019.
En una situación cercana, aunque no tan desesperada, se encuentran otros ministerios. El de Interior había liquidado el 88,4% del efectivo disponible en sus arcas en abril, mientras que el de Sanidad, Consumo y Bienestar Social había gastado el 84,5% de sus fondos a esas alturas.
Con todo, desde Hacienda indican, ante estos porcentajes, que estos datos de gasto incluyen el capítulo 1 del ejercicio completo, es decir los gastos de personal de todo el año.
Más de la mitad
A estos departamentos se suman los de Defensa, Fomento, Educación, Trabajo y Seguridad Social, Política Territorial y Función Pública, formando el grupo de ministerios que ya han ejecutado más de la mitad de los fondos disponibles para gasto en este 2019.
Pero no son las únicas partidas que llaman la atención. En el cuarto mes del año ya se había gastado más del 93% de lo planteado para deuda pública, mientras que en lo correspondiente a contratación centralizada se había ejecutado más de un 88%.
Y todo ello a pesar de que la puesta en marcha de la prórroga presupuestaria -puesto que no se pudieron aprobar nuevas Cuentas par 2019- obliga a una mayor fiscalización de la inversión pública. Concretamente, todo gasto de los ministerios es vigilado por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. De hecho, cuando la ejecución del gasto ya haya superado la mitad de lo previsto en el presupuesto prorrogado, cualquier operación a partir de este punto tiene que haber sido autorizado previamente por Hacienda, escenario en el que se hallan ya casi la mitad de los ministerios.
Con todo, desde este departamento explican que esto no implica que se limite el gasto de los departamentos cuando llegan a esta situación, sino que lo que se produce es un mayor control y fiscalización de sus operaciones para garantizar que se mantiene el proceso de reducción de la deuda y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad.
Por ello, los ministerios tienen que remitir a Hacienda un calendario semestral, que tiene que ser autorizado, en el que se recogen las actuaciones que hayan previsto llevar a cabo este año y que conlleven gastos como, entre otros, subvenciones, los financiados con créditos gestionados por las comunidades autónomas, cuotas o aportaciones a organismos internacionales, transferencias a sociedades o entidades públicas, adquisición de acciones y participaciones, aportaciones patrimoniales o concesión de préstamos. Además, los ministerios han tenido que presentar la certificación de la oficina de contabilidad o del sistema de información contable sobre el cumplimiento del límite de aprobaciones de gasto del 50%.
Momento delicado
Esta situación se da en un momento delicado para el Estado, que depende de unas Cuentas prorrogadas (las de 2018, diseñadas por el Partido Popular) y carece de un gobierno con plenas funciones . La investidura fallida que la semana pasada protagonizó Pedro Sánchez no invita al optimismo sobre la formación del Ejecutivo. El socialista no volverá a probar suerte hasta finales de agosto, principios de septiembre, y el fantasma de la repetición electoral, dados los escasos apoyos que ha logrado recabar el PSOE de los partidos del Congreso, cobra cada vez más solidez.
Y no es el Estado el único que puede afrontar problemas para sus gastos, puesto que las autonomías ingresarán menos de los que se esperaba este año. Hacienda admitió, a través de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que no entregaría a las autonomías 2.500 de los millones de euros que tendrían que ingresar a cuenta del IVA este año.
A esto hay que sumar que, sin Presupuestos aprobados, el departamento tampoco ha encontrado una fórmula legal para poder depositar a las regiones casi 7.000 millones en concepto de entregas a cuenta.
