Madrid
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad, para facilitar el trabajo de los investigadores y que puedan centrarse en el avance del conocimiento científico y su aplicación a la sociedad.
Las medidas se centran en reducir las cargas administrativas que dificultaban el desarrollo de los proyectos científicos, en facilitar la contratación ágil y estable de investigadores, en aumentar los medios para evitar retrasos en las convocatorias y en otras medidas para mejorar la igualdad de oportunidades entre investigadores. Según el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, estos cambios normativos atienden a la especificidad del sistema de I+D+i dentro del sector público y ayudarán a flexibilizar y mejorar el funcionamiento de los centros de investigación y las universidades.
La batería de medidas, que incluye diez cambios legislativos que modifican normativas y varias leyes, persigue que los investigadores puedan centrarse en su trabajo de generación y transferencia de conocimiento, y puedan competir mejor a nivel internacional y captar talento investigador. Entre ellas, destaca la sustitución de la intervención previa en Organismos Públicos de Investigación (OPIs), recuperando la situación de 2014, una demanda del personal investigador para mejorar el funcionamiento de estos Organismos.
Además, el Real Decreto-ley modifica la Ley de Ciencia de 2011 mediante la cual los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. Esta medida contribuirá a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial los jóvenes. También permitirá a los Organismos Públicos de Investigación elaborar informes-tipo anuales para todas las contrataciones previstas, lo que agilizará la gestión del reclutamiento de investigadores de carácter laboral.
Los centros de investigación y universidades podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 euros con el mismo proveedor para distintas unidades, aunque anualmente se superen dichos límites con la suma total de los contratos. La nueva regulación permitirá a la Agencia Estatal de Investigación contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación. De esta manera, se busca liberar recursos para dedicarlos a la gestión de las convocatorias.
En cuanto a la igualdad de oportunidades entre investigadores, el Real Decreto-ley indica que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica. En el caso de los convenios para centros, institutos, consorcios españoles o europeos se amplía el periodo de vigencia de estos convenios hasta los 17 años.
Otros puntos a tratar
Los centros de investigación, así como los consorcios y fundaciones podrán concertar operaciones de crédito directamente, siempre que se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo. Así, se evitarán los retrasos en la adquisición de aparatos y en la realización de obras e infraestructuras de centros de investigación.
Con la aprobación de este Real Decreto-ley, el Gobierno alivia la carga administrativa que soporta la ciencia española, apoya la estabilización y contratación de personal investigador, mejora la eficiencia de la Agencia Estatal de Investigación y refuerza la igualdad de oportunidades de mujeres y jóvenes.