Madrid
El Real Decreto–ley 28/2018 (BOE de 29 de diciembre) para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo incluye, en su Disposición Adicional Quinta, la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan sus prácticas académicas externas.
Con esta modificación legislativa implica que sean las propias instituciones educativas (que no han sido consultadas) las que se encarguen de la cotización (puesto que la medida no refleja quién se hará cargo del importe de las cuantías) con un debido coste asociado a cada alumno (entre 50 y 60 euros al mes).
Crue Universidades Españolas considera un grave problema económico, difícilmente asumible para las universidades. De hecho, reclamó la apertura de una mesa de diálogo para abordar la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares. Algunas universidades en particular ya han anunciado que no son capaces de pagar la cotización de esas prácticas. Por ejemplo, la Universidad Jaume I de Castellón tendría que pagar, según los cálculos iniciales, unos 210.000 euros al mes; la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con más de 3.000 alumnos en último curso del grado, implicaría pagar 800.000 euros anuales; La Laguna podría pagar, en torno al millón de euros; la Universidad de Zaragoza tendría que hacer un desembolso de más de dos millones de euros, y para el conjunto de las universidades valencianas el gasto es también elevado, puede acarrear un impacto económico de 4 millones de euros anuales puesto que tienen más de 10.600 millones de alumnos.
Antes del decreto
Anterior a este decreto, las prácticas solo cotizaban las que tenían una dotación económica y se hacía una diferenciación entre las prácticas curriculares (actividad académica obligatoria y bonificada por la Seguridad Social en un cien por cien) y las extracurriculares (voluntarias), por tanto, el pago correspondía a las empresas. Algunos rectores han visto con buenos ojos esta iniciativa pues se dignifica el papel de las prácticas universitarias externas, ya sean curriculares o extracurriculares.
De no modificarse el decreto, puede llevar a que los alumnos no hagan prácticas y por tanto, se debe hilar muy fino para conocer cómo puede tener un impacto negativo en la oferta de las universidades. Además, se corre el riesgo de que las empresas se retraigan a la hora de ofertar prácticas para los alumnos universitarios.
El Ejecutivo de Sánchez ha escuchado a los rectores y ya ha tomado medidas. El martes se reunieron la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, para abordar el desarrollo de la disposición del Real Decreto. Se pretende convocar "reuniones con todos los actores de la comunidad universitaria", con el objetivo de "mejorar las prácticas sin afectar al desarrollo académico" de los estudiantes y "reforzar" su "sistema de protección social".
La Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Educación Católica (CEAAAEC) ha indicado que "las empresas generalmente no remuneran las prácticas o los trabajos de los alumnos en prácticas o becarios y añade que si dan ayudas, estas son para transporte, alimentación o similares, pero "en ningún caso pagan un salario". Asimismo, indica que ese nuevo impuesto "al final acabará siendo pagado por los padres de los alumnos, ya que la empresa o la universidad seguramente obviarán dicho pago, además de soportar la burocracia que supone la puesta en marcha de dicho proceso".
Las críticas también han surgido en el ámbito de la Formación Profesional, puesto que podría afectar de manera muy negativa a este modelo, sobre todo al dual (donde el alumno pasa más de la mitad de tiempo de formación en la propia empresa).