Madrid
La precaria situación laboral que atraviesan gran parte de los jóvenes profesionales del país no es ninguna novedad. Por está razón, en las últimas semanas han surgido diferentes debates sobre el llamado Estatuto del Becario, el Ministerio de Trabajo intenta poner nuevas regulaciones y mejorar la condición de los becarios.
El Gobierno pretende acabar con la cultura de las prácticas como trabajo barato (o incluso gratis) para que sean "prácticas no laborales". Es decir, que los estudiantes entren a las empresas a formarse, aprendiendo un oficio o profesión con tutorización, sin que asuman la responsabilidad sobre tareas productivas propias de trabajadores de la plantilla.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía, lidera la negociación con los sindicatos quienes piensan que las condiciones laborales actuales de los jóvenes son un fraude ya que son falsos becarios. Díaz empezó las conversaciones el pasado mes abril, para regular un "catálogo de derechos" a los estudiantes que realizan prácticas no laborales, la ministra dice que se quiere establecer diferentes garantías para los becarios como cubrir gastos a los estudiantes en conceptos como transporte y manutención, para que las prácticas no salgan a pagar. Pero, sobre todo, la reforma que planea la ministra busca mucho más, porque quiere impedir algo que hoy en día está muy extendido, que los becarios realicen funciones y tengan responsabilidades de trabajadores durante sus prácticas formativas, que es lo que los sindicatos resumen como el fraude de los "falsos becarios".
Este problema radica principalmente por las prácticas que no forman parte de los planes de estudios de universidades, FP, cursos o másteres, sino que se realizan gracias a convenios de colaboración entre los centros educativos y las empresas. En cambio, para los sindicatos el verdadero problema está en que las compañías realizan muy pocos contratos de formación, que serían los más adecuados para este tipo de casos en donde los jóvenes profesionales están dando sus primeros pasos en el mundo laboral, los contratos de formación está a disposición de la empresas para este tipo de casos. Si miramos los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el 2021 se tramitaron 30.672 contratos de formación en España esto supuso un aumento con respecto al año anterior de 6.006 empleados.
Contratos de formación
Hay una serie de diferencias entre un contrato estándar y uno de formación. En primer lugar, mientras dure el contrato, el trabajador recibirá una formación por parte de la empresa, que debe estar relacionada con la actividad laboral que desarrolle en el puesto de trabajo. Esta formación deberá acreditarse al finalizar el contrato. Además, el tiempo de trabajo efectivo del empleado no puede superar el 75%, durante el primer año, o el 85% en el segundo y tercer año, de la jornada máxima legal. El resto de la jornada el trabajador puede recibir formación teórica, bien en las instalaciones de la empresa o en un centro de formación especializado. También este tipo de empleados no podrán hacer horas extra, ni trabajar en horario nocturno.
Respecto a la remuneración en un contrato formativo, se calculará con base en el salario mínimo, sin las pagas prorrateadas. Por ejemplo, un contrato de formación de primer año, cuyo convenio no establece cuantía para el salario, tendría un pago de 650 euros al mes, que sería el resultado de aplicar un 65% sobre el SMI. A esta cantidad se le sumarían los complementos, si procede, según el convenio, y las pagas extras que correspondan.
Por último, un trabajador que haya sido contratado bajo esta modalidad no podrá volver a tener un contrato de este tipo ni por la misma empresa u otra compañía, salvo que la formación inherente al nuevo contrato tenga por objeto obtener otra cualificación profesional. En definitiva, este tipo de convenio permite a quien lo firma formarse en una determinada área profesional al tiempo que va ganando experiencia laboral.